La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no negociará su propuesta de reforma electoral para mantener las listas de representación proporcional, ya que los aspirantes a un cargo de elección popular deberán buscar el voto de los ciudadanos, reiteró.
Aseguró que la iniciativa “no genera ninguna incertidumbre, ni nada que pueda significar una afectación a la democracia en México o al clima de inversiones en nuestro país”.
Además, negó que su iniciativa de reforma electoral pudiera nacer muerta ante las reticencias y objeciones de los partidos PT y Verde, aliados en el congreso que pudiera poner en riesgo su avance.
“Si no se aprueba es porque algunos partidos quieren seguir manteniendo sus listas, pero la gente va a saber quién defiende las famosas listas de pluris y quién no. Y va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral”, precisó.
Aclaró que la reforma no plantea la desaparición de pluris, sino establecer un nuevo modelo de selección, donde todos los legisladores de todos los partidos deban salir a “ganarse” el voto popular y no garanticen su puesto por elección de las cúpulas de los partidos.
Tajante agregó: “Si hay quien no está de acuerdo está bien, que no esté de acuerdo, pero nosotros no vamos a cambiar, no vamos a entrar una negociación para regresar a las listas”
“No desaparece la representación proporcional, pero todos van a ser decididos por la gente, ya no hay la discrecionalidad del partido político que decide sus listas. Entonces si el partido político lo propone, pero lo decide la gente, esa es la propuesta que estamos haciendo, en diputados y en senadores”, indicó.
Para Sheinbaum la posibilidad de que la reforma no sea aprobada, no le representa una preocupación o una derrota, pues será el mismo pueblo de México quien tenga la facultad de identificar y juzgar a aquellos que “se opongan al cambio”.
Redacción
La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa, para que las corridas de toros en la capital del país se realicen sin maltrato animal.
El dictamen fue aprobado con modificaciones y por unanimidad de los 10 legisladores integrantes de la comisión, toda vez que se incluyeron las propuestas que anunció este jueves la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, para mantener las corridas de toros pero sin violencia
La coordinadora de Morena, diputada Xóchitl Bravo Espinosa, aseguró que la CDMX está sentando un precedente que no se hubiera alcanzado sin la voluntad política de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local y sin los esfuerzos de las personas impulsoras de la iniciativa ciudadana, “sin la colaboración del gobierno de la ciudad y la opinión del gobierno federal”.
Por su parte, el también legislador morenista Víctor Hugo Romo afirmó que este dictamen refleja un cambio de paradigma social, ya que no busca la desaparición de la tauromaquia sino su evolución, para que la Plaza de Toros México se transforme en un espacio de cultura, arte y espectáculos, donde el respeto a los seres sintientes sea el principio rector, dejando atrás el sufrimiento animal al tener corridas sin sangre.
“Hoy estamos llamados a ser la Legislatura que deje huella, que tome la decisión valiente y ética”, destacó Romo.
El dictamen aprobado, que se votará en el Pleno del recinto de Donceles el próximo martes 18 de marzo, regula los eventos taurinos al prohibir el uso de puyas, banderillas, estoques, puntillas, espadas y otros objetos punzocortantes que puedan causarle heridas graves o la muerte al animal, dejando como objetos permitidos únicamente el capote y la muleta.
Además, el tiempo máximo de actuación para cada toro o novillo en el espectáculo taurino sin violencia será de 10 minutos, con un límite de seis ejemplares por evento, y se considera una multa de dos mil a tres mil veces la UMA por cada animal lesionado o muerto.
Estefany Casales
Agustín Pineda
El 28 de noviembre culminó el proceso legislativo para la desaparición de órganos constitucionales autónomos y entidades de la administración pública federal, en el Congreso de la Unión, bajo una estrategia de comunicación política definida como simplificación orgánica. Recordemos que la iniciativa de reforma constitucional fue presentada el 5 de febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y generó a lo largo del presente año un debate profundo por las implicaciones en el equilibrio de poderes, la eficiencia gubernamental y la protección de derechos fundamentales.
De la iniciativa presidencial al dictamen enviado por el Senado de la República a los Congresos locales no se realizaron ajustes importantes que consignar. La iniciativa aborda la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Constitución . El objetivo principal establecido en la iniciativa enviada por el expresidente e intocada por el Legislativo fue promover la simplificación orgánica en el marco constitucional, eliminando duplicidades administrativas y garantizando un funcionamiento eficiente y austero de la administración pública federal.
Para mayor comprensión de estas reformas constitucionales, se desglosan con precisión los cambios aprobados, identificando las disposiciones eliminadas y agregadas, así como las que se estiman serán algunas implicaciones jurídicas y sociales.
I. Contenido eliminado: reconfiguración del marco constitucional
1. Acceso a la información y protección de datos (Artículo 6o.) Antes de la reforma, el artículo 6o. establecía principios claros para el acceso a la información pública y la protección de datos personales, garantizando estos derechos mediante el INAI. La derogación de párrafos clave y la eliminación de competencias del órgano garante transfieren estas funciones al Ejecutivo, centralizando el control en esta materia.
2. Autonomía en la evaluación de políticas sociales (Artículo 26, Apartado C) El Apartado C, que confería autonomía a un organismo encargado de medir la pobreza y evaluar programas sociales, fue eliminado. Esta supresión implica que dichas funciones ahora serán responsabilidad del INEGI. Quizá estamos ante una buena medida que no podría comprometer la objetividad y transparencia en la evaluación de políticas públicas.
3. Prohibición de concesiones sobre recursos estratégicos (Artículo 27) Se elimina la posibilidad de otorgar concesiones a particulares para la explotación de litio y minerales radioactivos, reafirmando el dominio exclusivo de la Nación sobre estos recursos. Aunque se mantiene el control estatal, la eliminación de disposiciones que permitían cierta participación privada limita las oportunidades de inversión en sectores estratégicos.
4. Supervisión de la competencia económica y telecomunicaciones (Artículo 28) Se suprimen párrafos que otorgaban autonomía a órganos reguladores del sector energético, competencia económica y de telecomunicaciones. Con la eliminación de estos apartados, el Ejecutivo asume el control total sobre la regulación económica, lo que plantea dudas sobre la independencia en la toma de decisiones en mercados clave.
II. Contenido agregado: nuevas atribuciones del Poder Ejecutivo y cambios institucionales
1. Facultades ampliadas en telecomunicaciones y energía (Artículo 28) La reforma incorpora disposiciones que otorgan al Ejecutivo la facultad de regular de manera asimétrica los mercados de telecomunicaciones y energía. Esta regulación incluye la desincorporación de activos y la imposición de límites a la concentración económica, buscando evitar prácticas monopólicas y fomentar la competencia.
2. Supervisión interna de partidos políticos (Artículo 41) El Instituto Nacional Electoral (INE) asume competencias en materia de acceso a la información y protección de datos personales de los partidos políticos. Esta modificación centraliza el control en el INE, con posibles implicaciones en la imparcialidad de la supervisión electoral.
3. Acceso a la información en sindicatos (Artículo 123) Se añaden disposiciones que facultan a los órganos de control interno para supervisar el acceso a la información en sindicatos. Esto busca garantizar la transparencia en las organizaciones sindicales, aunque plantea interrogantes sobre el equilibrio entre control estatal y autonomía sindical.
III. Consecuencias legales y su impacto en los derechos fundamentales
1. Centralización del poder y carencia de autonomía institucional El traslado de funciones desde órganos autónomos al Ejecutivo plantea un desafío significativo para el principio de división de poderes. La autonomía de instituciones como el INAI y los reguladores del sector energético y de telecomunicaciones era fundamental para garantizar decisiones imparciales y basadas en el interés público. Su eliminación y la centralización de estas competencias en el Ejecutivo pueden debilitar los mecanismos de control y rendición de cuentas.
2. Debilitamiento del acceso a la información y en la protección de datos personales La protección de datos personales y el acceso a la información pública son derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. Al eliminar órganos autónomos encargados de salvaguardar estos derechos, se corre el riesgo de afectar su eficacia y garantizar su protección. Esto es especialmente relevante en contextos donde la transparencia y el acceso a la información son esenciales para la participación ciudadana y el combate a la corrupción.
3. Competencia económica y libre mercado La centralización del control sobre la competencia económica en el Ejecutivo busca evitar prácticas monopólicas y fomentar la competencia. Sin embargo, la falta de autonomía en la regulación puede generar incertidumbre jurídica y afectar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, lo que repercute en el crecimiento económico y la generación de empleo.
4. Derechos laborales y autonomía sindical El control estatal sobre la información en sindicatos podría afectar la autonomía de los trabajadores en la defensa de sus derechos. Si bien la transparencia es fundamental, es necesario garantizar que estas medidas no se conviertan en herramientas de control político que limiten la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.
IV. Los retos que deja el régimen transitorio El régimen transitorio establece los plazos, condiciones y acciones específicas que deben implementarse para la entrada en vigor y aplicación de las reformas aprobadas. Las lagunas e incertidumbres en los artículos transitorios reflejan una falta de previsión detallada para la implementación efectiva de las reformas.
Estas ambigüedades podrían derivar en conflictos legales, retrasos en la transición y riesgos para el respeto de derechos fundamentales. Para mitigar estos riesgos, será fundamental la emisión oportuna de legislación secundaria clara y precisa, así como la creación de mecanismos de supervisión y control que aseguren la transparencia y el respeto a la legalidad.
1. Falta de claridad en la transición de funciones y competencias Aunque los transitorios establecen que diversas funciones serán transferidas a dependencias del Ejecutivo Federal, no se especifica con suficiente detalle cómo se realizará esta transición. En particular no se precisan los procedimientos concretos para la transferencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos del INAI, COFECE E IFT, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Por otra parte, si bien se menciona que los derechos laborales serán respetados, no se aclaran los mecanismos para garantizar su continuidad ni si habrá reasignaciones obligatorias o concursos de plazas. Esto puede generar incertidumbre laboral, afectaciones a la continuidad de las funciones públicas y posibles litigios administrativos y laborales.
2. Ambigüedad en los plazos para la emisión de legislación secundaria El Congreso tiene 90 días para adecuar la legislación secundaria, pero surge la duda si estos plazos serán suficientes para desarrollar normatividad que asegure una transición ordenada y respetuosa de los derechos adquiridos. Tampoco se prevén consecuencias claras en caso de incumplimiento de estos plazos, lo que podría retrasar la implementación de las reformas.
La falta de normativas claras en tiempo y forma puede dar lugar a vacíos legales, generando inseguridad jurídica en áreas sensibles como el acceso a la información, la protección de datos personales, el ejercicio de los derechos de usuarios de telecomunicaciones y audiencias y en materia de competencia económica.
3. Uso de los recursos ahorrados Los transitorios indican que los ahorros generados por la extinción de organismos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, no se detallan los mecanismos para calcular estos ahorros ni cómo se garantizará su uso exclusivo en el Fondo. Aunado a ello, no se establecen órganos o procedimientos claros para fiscalizar el destino y manejo de estos recursos, lo cual puede abrir espacios para opacidad en el manejo de los recursos y generar desconfianza sobre su uso efectivo.
4. Centralización de competencias sin garantías de independencia Los artículos transitorios mencionan que el Ejecutivo Federal asumirá competencias en materia de telecomunicaciones, competencia económica, transparencia, protección de datos personales y energía. No obstante, no se establecen mecanismos que aseguren la independencia técnica y operativa de las áreas responsables dentro del Ejecutivo.
Si bien se menciona que los derechos de acceso a la información y protección de datos seguirán vigentes, no se explicita cómo se garantizarán sin la presencia de los organismos autónomos y especializados. Esta situación puede generar dudas sobre la imparcialidad en la regulación y supervisión de sectores estratégicos para el desarrollo nacional y sobre el respeto efectivo de derechos fundamentales.
5. Continuidad de actos jurídicos previos a la reforma Se establece que los actos jurídicos emitidos por los órganos extintos seguirán surtiendo efectos legales, pero no se aclara cómo se podrán modificar, ratificar o rescindir estos actos por las nuevas autoridades. Adicionalmente, tampoco se especifica qué instancias tendrán competencia para resolver posibles disputas sobre la validez o ejecución de estos actos.
Esta incertidumbre legal puede generar litigios y conflictos de interpretación, afectando la seguridad jurídica de las personas que estén involucradas con actos administrativos de los entes desaparecidos. Conclusión Las reformas constitucionales representan un cambio profundo y trascendental en el modelo de gobierno y en la estructura institucional de México.
La premura en su aprobación impidió considerar su impacto no solo en términos administrativos, sino también en cómo afectan la calidad y accesibilidad de los derechos que protege el orden constitucional. Por lo cual resulta imperativo que el gobierno mantenga un equilibrio entre la centralización de funciones, el funcionamiento democrático y la protección de las libertades individuales.
En el ámbito del trabajo legislativo, es evidente la falta de un sistema unificado y una metodología clara que asimilen el proceso de dictaminación y aprobación en ambas Cámaras del Congreso. Esta carencia no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también debilita la legitimidad de las reformas aprobadas. Un marco normativo sólido requiere criterios claros que garanticen certeza, congruencia y seguridad jurídica, elementos esenciales para un Estado de derecho robusto. Sería altamente recomendable que en las etapas de iniciativa y dictaminación de reformas constitucionales se realicen estudios regulatorios previos y análisis de impacto normativo.
Estos estudios deben abarcar aspectos económicos, sociales y jurídicos, y deben ser accesibles al público para promover la transparencia y la rendición de cuentas. La elaboración de estos análisis permitiría evaluar la viabilidad y factibilidad de cada propuesta, asegurando que las normas aprobadas estén debidamente fundadas y motivadas, conforme a los principios constitucionales y del derecho internacional. Un enfoque técnico y objetivo en la elaboración de leyes es esencial para asegurar su eficacia y legitimidad, elementos que son fundamentales para la correcta aplicación e interpretación jurídica en los tribunales.
Académico. @Agustin_Pineda
Las diputadas y el diputado, pertenecientes a los partidos de morena, PVEM, PT y MC, cuestionaron el servicio para la población.
Comisiones unidas del Congreso local recibieron iniciativas de 21 municipios para ajustar sus tarifas de agua en el 2025.
Ante las propuestas de 21 municipios, para aplicar tarifas de agua diferentes a las del Código Financiero del Estado de México y Municipios en 2025, congresistas de morena, PVEM, PT y MC cuestionaron a autoridades estatales la calidad del servicio de suministro del líquido y cómo garantizarán que llegue a la población, además, se pronunciaron porque se salden los adeudos de diferentes instituciones con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) para mejorar su prestación.
Asimismo, reconocieron que hay municipios que no tienen capacidad técnica, ni administrativa, para suministrar el agua, por lo que es una situación que se debe analizar desde el ámbito legislativo.
Al presidir la reunión de las comisiones de Legislación y Administración Municipal, de Finanzas Públicas, y de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) lamentó que, pese a pagar por el servicio, la población no reciba agua, y refirió que en muchos municipios no se ha invertido en la infraestructura hídrica y el mantenimiento de sus pozos.
Además, se pronunció por convocar a las y los alcaldes con el fin de asesorarlos respecto a estrategias que mejoren su recaudación municipal, de acuerdo con las políticas hídricas de sus municipios.
En presencia de representantes del gobierno estatal, la legisladora Jennifer Nathalie González López (morena) criticó que más del 60 por ciento del suministro del agua se pierde por el huachicoleo y por la mala infraestructura, la cual está deteriorada, porque fue construida con materiales que ya son ineficientes. Por ello, llamó a autoridades municipales a eficientar la recaudación y suministro, clausurar pozos dañinos, y a generar infraestructura con crecimiento urbano sustentable.
También de morena, el parlamentario Gerardo Pliego Santana reprochó que el 40 por ciento del agua potable que se suministra se pierde en fugas, por redes deficientes que datan de hace 50 años, ya que los organismos operadores no tienen la capacidad financiera, o el interés, para actualizar la infraestructura.
Lamentó que algunos organismos públicos descentralizados adeuden pagos por el servicio, pues, por ejemplo, el organismo operador de agua de Toluca incrementó su deuda en un 86 por ciento en el último año, pero en el municipio hay 40 colonias con problema de suministro.
Las legisladoras Sara Alicia Ramírez de la O (PT) y Ruth Salinas Reyes (MC) coincidieron en señalar que, si bien algunos municipios van a mantener sus tarifas de agua para el próximo año, en la mayoría se sufre del suministro, por lo que cuestionaron cómo se garantiza a la ciudadanía que contarán con el servicio. Solicitaron que se les provea de toda la información posible para compartirla con la población y justificar los ajustes.
Los municipios que ratificaron sus propuestas, sin incremento tarifario en el suministro de agua, y únicamente solicitaron un reajuste acorde a la Unidad de Medida y Actualización, son: Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zinacantepec.
En tanto que el municipio de Nicolás Romero solicitó un incremento del 3.5 por ciento para este servicio.
A la reunión asistieron representantes del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), la CAEM, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM), así como de los ayuntamientos y de sus organismos operadores de agua.
En sus intervenciones, Francisco Escamilla Hernández, titular de la CTAEM, y Elia Flores Gallegos, vocal del IHAEM, solicitaron sumarse al análisis de las propuestas formuladas por los municipios.
En tanto, Francisco Faustino Valentín, jefe de Sección de Facturación de la CAEM, indicó que es responsabilidad de los ayuntamientos el suministrar el servicio de agua, aunque la mayoría tiene rezagos. Leonardo Manjarrez Becerril, jefe de Investigación de la CTAEM, señaló que se hizo un seguimiento y evaluación de las propuestas, y el análisis técnico se entregó a la comisión legislativa.
En reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto, Javier López Casarín presentó un proyecto de Paquete Económico que asciende a 4 mil 30 millones de pesos. El Alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, solicitó al Congreso de la Ciudad de México incrementar el presupuesto en 11 por ciento para el Ejercicio Fiscal 2025. Al participar en la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto en materia de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico 2025, López Casarín señaló que Álvaro Obregón es la demarcación que registra mayor desigualdad en la Ciudad de México, por lo que requiere de recursos que permitan reducir las brechas de desigualdad. “Solicito su apoyo para cumplir a la población con un plan de trabajo responsable que permita invertir en proyectos sociales que, por décadas, han sido postergados. “Planteo un incremento del 11 por ciento del presupuesto de la alcaldía para alcanzar, de esta forma, los 4 mil 30 millones de pesos. Son 400 millones de pesos adicionales a lo presupuestado este año”, indicó el Edil. Agregó que ÁO es la tercera alcaldía más poblada de la Ciudad de México, con 760 mil habitantes, que es equiparable al número de habitantes del estado de Baja California Sur y superior al del estado de Colima, sin embargo, los recursos con que cuenta la demarcación capitalina son apenas el 15 por ciento de BCS y una tercera parte de los de Colima. En el ejercicio fiscal en curso, a la Alcaldía le fue autorizado un presupuesto de 3 mil 630 millones de pesos de los cuales restan por ejercer 12 millones 706 mil pesos, con corte al 15 de noviembre. “Los recursos disponibles representan apenas el 0.3 por ciento del presupuesto modificado, pero les aseguro que cada peso es necesario y que, por lo tanto, concluiremos el año sin subejercicio”, acotó.
López Casarín refrendó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y aseguró que su administración detallará cómo se aplican los recursos públicos, así como las metas que se alcancen. Destacó que hay proyectos prioritarios en materia social, de infraestructura hidráulica y seguridad que requieren inversión que beneficiará a las y los obregonenses en el corto, mediano y largo plazo. Entre los programas y acciones en materia social se incluyen labores en salud, alimentación, seguridad familiar, rescate de espacios públicos, deporte y empleo. Se prevé que estas acciones impacten de manera positiva a 400 mil personas. Asimismo, el Sistema Integral de Seguridad 360, que implica inversión en tecnología para prevenir y reducir los tiempos de respuesta ante hechos delictivos, con el uso de drones, arcos lectores de placas automovilísticas, nuevas cámaras de videovigilancia, equipamiento a policías, así como la construcción de un C4i4. El Alcalde indicó que una de las principales demandas ciudadanas tiene que ver con la infraestructura para agua potable y drenaje. Dijo que hay comunidades de la zona alta, como Santa Rosa y San Bartolo, que carecen de dotación de agua por tubería, pese a que hay manantiales en esos sitios. La diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la Comisión de Presupuesto, indicó que el Alcalde tiene una gran responsabilidad, así como la confianza de los vecinos de ÁO, para encabezar un proyecto progresista y transformador. “Hoy la ciudadanía depositó su confianza en un proyecto político que privilegia a las personas y que entiende el presupuesto público como una herramienta fundamental para conquistar la justicia social”, comentó la legisladora.
*Se realizaron acciones para garantizar los derechos de las personas ponderando la salud, educación y bienestar.
En un ejercicio democrático de rendición de cuentas, la diputada Martha Ávila Ventura (MORENA), presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, recibió de manos del secretario de gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, el Sexto Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo local, Martí Batres Guadarrama, el pasado 1 de septiembre.
Para “dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32, apartado C, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México”, expresó la diputada Ávila Ventura.
Con este acto de transparencia y rendición de cuentas se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas para garantizar los derechos de las personas, ponderando la salud, educación y bienestar en todas sus dimensiones: económica, social, cultural y ambiental.
El documento destaca diversos ejes de atención que el gobierno capitalino consideró para el desarrollo de sus actividades, donde la austeridad republicana y el buen gobierno marcaron una nueva política del gasto, respecto a la planeación con visión de mediano y largo plazo.
Además, se generaron acciones para robustecer e impulsar la igualdad de derechos en materia de educación, salud, cultura física, práctica del deporte, vivienda, mujeres, igualdad e inclusión, y pueblos originarios y comunidades indígenas residentes.
Con estas políticas públicas y acciones se busca consolidar una ciudad sustentable, con un desarrollo económico sustentable e incluyente, y urbano sustentable. Adicionalmente, el informe reporta acciones relevantes en los rubros de movilidad, seguridad, ciencia, innovación, tecnología y protección civil.
Las y los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA respaldamos la queja presentada ante el Instituto Nacional Electoral para remover del cargo a la Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz, por incurrir en causas graves en el ejercicio de su encargo.
Por mandato constitucional y legal, los Institutos Electorales Locales son autoridades en la materia en cada una de las Entidades Federativas de nuestro país, por lo que, deben ser profesionales en su desempeño y regirlo bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
En ese sentido, no deben pasar por alto las acciones u omisiones que atentan contra la normatividad ni mucho menos de quienes a través de su cargo incurren en acciones que ponen en entredicho su rol como árbitro electoral, así como su independencia e imparcialidad.
El pasado 9 de junio, el IECM emitió el acuerdo por el que se realizó la asignación de las diputaciones plurinominales para el Congreso capitalino, en cuya sesión y votación debió excusarse de participar la Consejera Cruz, toda vez que una de las candidaturas suplentes de la lista del PAN laboró con dicha funcionaria electoral, situación que representa un evidente conflicto de interés y tráfico de influencias.
Lo anterior, no sólo ignora, sino que transgrede la normatividad interna del IECM que establece que las personas consejeras electorales están impedidas para intervenir, de cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos que tengan interés personal o para terceras personas con las que se mantengan o hayan mantenido relaciones profesionales y laborales.
Por ello, en MORENA estamos convencidos que es a través de los medios que la legislación contempla, en este caso una queja que se ha hecho valer ante el INE, para demandar que se respete la legalidad e institucionalidad electoral que ha sido violentada por la parcialidad e irresponsabilidad de la Consejera referida.
Hacemos un llamado a la autoridad electoral nacional para que, de manera objetiva e inmediata, resuelva conforme a derecho y no permita que intereses personales y de grupo favorezcan conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral.
Las y los legisladores de MORENA de la Ciudad de México estaremos atentos a lo que determine el INE, así como a las resoluciones de otras autoridades sobre este asunto y hacemos votos para que en todo momento se respete y garantice la voluntad popular expresada en las urnas.
Israel Tonatiuh Lay Arellano, Maria Elena Anguiano Suárez
Este mes de abril, como en los últimos años, encontraremos diversas actividades para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el cual se celebra el día 2. De manera particular nos entusiasma que cada año se realicen más y variadas acciones en pro de este objetivo, aunque la realidad de la postpandemia se ha tornado adversa para muchas personas con esta condición: discriminación, prejuicios y exclusión, son algunas de las cuestiones que creíamos superadas, pero nos equivocamos.
Si bien en este mismo espacio hemos difundido algunos avances en cuanto a la inclusión en general para las personas con autismo, las barreras actitudinales no sólo continúan, sino que se han acrecentado, convirtiéndose en el principal obstáculo, sobre todo en el ámbito educativo, en el cual aunque por años se ha tratado de sensibilizar a las distintas comunidades educativas, a través de cursos de capacitación, conferencias, podcasts y literatura, con frecuencia algunos directivos escolares continúan rechazando la admisión de estudiantes con este diagnóstico, violando así no sólo la legislación en materia de educación, sino la de inclusión y la propia de la condición del espectro autista (CEA).
No son pocos los casos a nivel nacional que hacen pública su experiencia y su batalla ante situaciones como esta. De igual manera, en casi la totalidad de estos, tanto las autoridades escolares como los padres de familia desconocen la normatividad que protege los derechos de las personas con CEA, por lo que seguimos viendo escenas en donde los papás continúan pidiendo “el favor” para que sus hijos puedan ingresar a una escuela. Cabe recordar que la legislación obliga tanto a planteles públicos como privados a ser incluyentes.
En este punto, también es importante la autocrítica y señalar que el desconocimiento en general de la normatividad y las políticas públicas para la atención y protección de las personas con autismo, es desconocida por muchos padres y madres porque éstos no se han interesado en conocerla, argumentando, de manera válida, su preocupación y atención en las necesidades inmediatas, casi siempre en el ámbito terapéutico, lo cual se convierte en un ciclo vicioso: No exijo mis derechos porque no los conozco, y no los conozco porque estoy preocupado en resolver mis problemáticas básicas.
Otro desencuentro lo componen sin duda los prejuicios, los cuales son alimentados por los medios de comunicación y expandidos por los propios ciudadanos, principalmente el que se refiere a la idea de que las personas con autismo son agresivas por naturaleza, así lo han dejado ver los noticieros amarillistas estadounidenses, quienes se han apresurado a señalar, sin análisis ni fundamentación, características autistas, sobre todo, en los participantes en algunas situaciones de tiroteo.
La falta de más información, análisis y discusión sobre estas situaciones crean el prejuicio de la falsa creencia de que cualquier persona con esta condición podría desatar una situación como la señalada por los medios, cuando ni el contexto social ni la realidad misma aportan evidencias para sostener esta idea. La razón por la cual suceden la mayoría de las controversias es a causa del estado de vulnerabilidad de los individuos con CEA, pues someterse a situaciones de sobre carga sensorial que le generan estrés, angustia y ansiedad, lo que se desencadena con frecuencia es una conducta inapropiada, la cual generalmente es mal interpretada, a partir de una mirada prejuiciada y de desde el desconocimiento. Ya no se diga de tomar en consideración las causas detonantes que llevaron a determinada reacción, simplemente no se le presta atención, y menos aún la disposición de apoyar a solucionar la situación.
Iniciativas legislativas
En cuanto al ámbito legislativo, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no ha publicado la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de B.C.S., que aprobó su congreso local el 12 de diciembre de 2023, y de cuyo proceso irregular dimos cuenta en este espacio en el número del mes de enero, por lo que el Poder Ejecutivo de esa entidad tiene la oportunidad de regresar la ley al Congreso para que se proceda conforme a derecho y se realicen los foros de consulta necesarios para validar ese documento, pues de publicarse tal cual, se estaría violando lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que declarar la invalidez del decreto de creación.
Un segundo proceso legislativo del cual queremos dar cuenta, es la aprobación en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, del Congreso del Estado de Baja California, de la reforma a los artículos 8, 11 y 13 de la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo para el Estado de B.C., con el objetivo de agregar el acceso a las becas, a la fracción X del Artículo 8; explicitar los nombres de las secretarías de Educación, de Bienestar, y de Hacienda, y adicionar la facultad del Presidente de la Comisión Intersecretarial para convocar a intergrantes de la sociedad civil y asociaciones civiles especializadas, en el Artículo 11; y agregar la palabra negar a la fracción IV del Artículo 13, en cuanto a las prohibiciones al proceso de inscripción en los planteles educativos.
La Comisión legislativa o el propio Congreso del Estado de Baja California, deben de convocar a los interesados en esta ley a foros de consulta, donde las personas con autismo y las organizaciones sociales que los apoyan tienen la oportunidad de pedir una modificación a la propuesta de reforma al Artículo 11, la cual debe consistir, desde nuestra perspectiva, en que al menos dos representantes de tales organizaciones sean integrantes permanentes y no sólo invitados de la Comisión Intersecretarial. En caso de no llevar a cabo los foros o de no tomar en cuenta las peticiones de los asistentes, la reforma corre el riesgo de ser declarada inconstitucional.
Finalmente, el pasado 27 de febrero, el diputado federal Salvador Caro Cabrera, presentó la Iniciativa de Ley General para el Acceso Pleno a los derechos de las Personas Neurodivergentes, la cual en primer lugar toma los conceptos de neurodiversidad y de neurodivergencia como sinónimos, cuando no lo son. El primero implica una forma de procesamiento en el pensamiento, lo que ocasiona diferencias de razonamiento con el resto de las demás personas, llamadas en este sentido neurotípicas. El segundo concepto hace referencia a la apropiación de tales diferencias y al activismo en pro de esta comunidad.
En la iniciativa presentada por Caro Cabrera, la neurodiversidad se define como “un término no médico que describe a las personas con variaciones en sus funciones neurológicas. Estas variaciones pueden implicar trastornos como autismo, déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dispraxia, dislexia y demás. Con estos trastornos, las personas perciben la realidad e interactúan con ella de manera distinta a la norma”.
Además de la discusión conceptual entre neurodiversidad y neurodivergencia, la deliberación en los foros de consulta deberá de concentrarse en las intersecciones y las diferencias en el ámbito de la discapacidad, así cómo, en la validación de derechos que realmente no estén reconocidos en las leyes de inclusión, educación, salud o de la propia condición del espectro autista, pero sobre todo, en generar los mecanismos y procurar la asignación de recursos para que la comunidad neurodiversa pueda ejercer sus derechos fundamentales.
Finalmente, es necesario hacer énfasis en la participación ciudadana para que una norma legislativa tenga un impacto social real, en ese sentido, exhortamos a familiares, asociaciones, profesionistas y demás personas en pro de la comunidad neurodiversa a tener una participación activa e informada.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticó nuevamente al Poder Judicial de la Federación, del que dijo “está corrompido” por lo que enviará al congreso una propuesta legal de reforma, en los siguientes meses.
Desde su natal Tabasco, en su conferencia matutina, detalló que “los jueces, magistrados y ministros de este órgano sean electos mediante el voto popular”.
Aseguró que las sentencias del Poder Judicial de la Federación han perjudicado a las familias, a las comunidades y a la nación. Recordó que fueron los magistrados quienes liberaron a algunas personas que participaron en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa:
“Algunos eran inocentes, pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Yo me pregunto: ¿esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al Presidente de la Corte?”, advirtió López Obrador.
El mandatario consideró que ese Poder “ha legitimado todos los saqueos que ha le han hecho a la nación”. Sin embargo, reconoció que su gobierno no podrá terminar de transformar al Poder Judicial, pero dijo que la próxima administración “sí lo hará”.
Afirmó que la justicia, la política y la economía “no son asuntos que deban procurar únicamente los expertos, sino que todos deben involucrarse”.
Por Abraham Pensamiento
● El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá impartió la Conferencia Magistral “Solución de conflictos y formalismos procedimentales”.
● Durante los días 8, 9 y 10 de junio se realizaron actividades en las sedes del INAI, el TFJA y la SFP.
● En la mesa redonda de hoy se habló sobre las herramientas del gobierno para realizar contrataciones públicas, la importancia de la profesionalización de las personas servidoras públicas y las declaraciones patrimoniales, entre otros temas.
Como parte de sus objetivos de fortalecer la transparencia e impulsar acciones para construir una administración pública más eficiente, profesional y ética, la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue sede de la clausura del Congreso “Desafíos del combate contra la corrupción”, convocado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.Las actividades del último día de este evento se realizaron de manera híbrida (virtual y presencial) en las instalaciones de la SFP. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá impartió la Conferencia Magistral “Solución de conflictos y formalismos procedimentales”, en la cual manifestó que la realización de estos foros contribuye al gobierno abierto y a los observatorios ciudadanos.Manifestó que en el Derecho siempre se encontrarán puntos divergentes, pero se tiene que actuar con apego al orden jurídico, investigando, analizando y registrando todo el proceso, con la finalidad de reducir las controversias y otorgar las garantías para una impartición de justicia imparcial.González Alcántara Carrancá subrayó que el Derecho no puede verse sólo como reglas y órdenes, sino debe tomarse como principios, ponderación y justicia, y dijo que la posmodernidad ha hecho que se adapte a los nuevos tiempos en los que se ha dado mayor respeto a las libertades de las personas.Al terminar la conferencia magistral se realizó una mesa redonda, coordinada por Gerardo Laveaga Rendón, Titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la SFP, en donde participaron de manera presencial Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, y Giuseppe Mancinelli, Director Regional Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos; y de manera virtual Norma Julieta del Río Venegas (Comisionada del INAI) y Ana Elena Fierro Ferráez, académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey).Los participantes analizaron la importancia de actualizar las herramientas del gobierno para controlar las contrataciones públicas; los procesos para imponer responsabilidades administrativas a las personas servidoras públicas, las denuncias y los rezagos en las mismas, y señalaron que para evitar los riesgos de corrupción se debe crear una cultura de la ética y, en ese sentido, desde el momento en que se recluta a la persona servidora pública se le debe capacitar en los temas de investigación, pues consideraron que los delitos de corrupción son complejos y sofisticados, y se requiere implementar mecanismos de prevención.Sobre la profesionalización del servicio público expusieron que es necesario seguir aportando elementos para enriquecerla, como pueden ser la evaluación continua y estímulos, porque con ello se fortalece la lucha contra la corrupción y la transparencia que demanda la sociedad.En la última ronda de participaciones se expuso el desarrollo y la relevancia de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas y su contribución a la rendición de cuentas.El día 8 de junio el congreso se desarrolló en las instalaciones del INAI, y el día 9 en el TFJA. Su realización se acordó en la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Al finalizar el evento hubo coincidencia en la utilidad de este tipo de encuentros para impulsar este órgano de coordinación, del que la SFP forma parte.
