• Instituciones públicas locales, como el Centro de Transferencia Canina, ya implementan programas de trabajo comunitario para la conmutación de faltas cívicas

Durante la Sesión Ordinaria del 19 de febrero del Congreso de la Ciudad de México, la diputada del Partido del Trabajo, Diana Barragán Sánchez, propuso una reforma a la Ley de Cultura Cívica local, con el fin de establecer la opción de trabajo comunitario en beneficio de los animales, como una alternativa para imponer sanciones contra infracciones menores de orden cívico.

Muchas de las infracciones sancionadas en dicha ley, cabe señalarse, son faltas contra el bienestar de los animales.

Durante la presentación de su iniciativa, la legisladora local resaltó el grave problema de sobrepoblación de perros y gatos que afronta la Ciudad de México, y destacó también la necesidad de ampliar las herramientas institucionales a disposición de la función pública que combatan directamente dicha problemática.

También defendió los beneficios del trabajo comunitario como un potencial mecanismo de transformación para la persona infractora, pues le brinda la oportunidad de contemplar, de primera mano, las consecuencias del maltrato animal en nuestra Ciudad; y le permite reparar directamente el daño que cometió contra su propio entorno social.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia Cívica y Defensoría Pública, y la de Bienestar Animal; donde será discutida para su potencial aprobación y dictamen.

Gilberto Solorza

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), el Gobierno capitalino afirmó haber cumplido todos los acuerdos alcanzados con integrantes del Refugio Franciscano y advirtió que valorará la pertinencia de continuar con nuevas mesas de diálogo, al considerar contradictorias las protestas públicas que persisten pese a que —aseguró— se ha privilegiado el diálogo, el apego a la ley y el bienestar animal.

En el posicionamiento, fechado el 25 de enero de 2026, la dependencia subrayó que, por instrucción directa de la jefa de Gobierno, existe un compromiso firme de no permitir ningún desarrollo inmobiliario ni construcción en el predio ubicado en Cuajimalpa, uno de los principales señalamientos que han motivado la controversia en torno al caso.

La SECGOB detalló que, tras la manifestación realizada en el Zócalo capitalino, desde el pasado 11 de enero se instalaron de manera inmediata mesas de diálogo encabezadas por el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, con la participación de autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, la Agencia de Atención Animal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado, en dichas mesas se establecieron acuerdos para realizar visitas programadas y de seguimiento a los espacios donde se encuentran los animales conocidos como “franciscanitos”, con el fin de constatar directamente su estado de salud y bienestar, así como el compromiso de no criminalizar a persona alguna y de respetar los procesos judiciales en curso.

La dependencia sostuvo que estos acuerdos han sido cumplidos en su totalidad. No obstante, indicó que durante el desarrollo de las mesas de trabajo las autoridades detectaron que varios animales presentaban afectaciones físicas y de salud compatibles con situaciones de maltrato y falta de cuidados adecuados, condiciones que forman parte de investigaciones actualmente en curso.

Cabe recordar que la controversia en torno al Refugio Franciscano se originó tras el desalojo realizado en enero de 2026 en un predio ubicado en Cuajimalpa, acción que el gobierno capitalino ha descrito como un rescate derivado de presunto maltrato animal, mientras que activistas y representantes del refugio lo han calificado como un despojo con fines inmobiliarios.

Las autoridades justificaron el operativo por el hacinamiento de entre cientos de animales, la falta de atención veterinaria y las condiciones insalubres del lugar, mientras que integrantes del refugio han denunciado irregularidades en el procedimiento, presuntas muertes posteriores al traslado de animales y opacidad sobre su paradero, además de señalar una disputa legal por la propiedad del predio, legado originalmente para el cuidado de animales.

Finalmente, la SECGOB señaló que, ante la falta de claridad en el objetivo de las nuevas protestas, el Gobierno de la Ciudad de México valorará la pertinencia de continuar con nuevas mesas de diálogo, reiterando que su prioridad seguirá siendo el bienestar animal, el respeto a la ley y el apego a los procesos judiciales.