- El Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la SCJN organizó el Seminario “La reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”
El Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo el Seminario “La reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, con el objetivo de profundizar en los alcances jurídicos de las modificaciones al artículo 2° constitucional, publicadas en septiembre de 2024.
Durante el encuentro, personas especialistas y juzgadoras destacaron que México ha dejado atrás un modelo donde los pueblos indígenas eran considerados sujetos de interés público, vistos como objetos de tutela estatal, para reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propios.
El seminario se desarrolló bajo los ejes temáticos: derechos de las mujeres, niñez y juventudes; sujetos de derecho público; y reconocimiento de los pueblos afromexicanos.
Al inaugurar el evento, Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la SCJN, enfatizó que, si bien, hay avances en la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas, aún siguen enfrentando barreras:
“Recientemente vivimos el proceso judicial y hubo compañeras que participaron, sobre todo mujeres indígenas, y no hubo condiciones para que ellas llegaran, ese es un dato relevante pendiente, en las postulaciones no hubo acciones afirmativas para las mujeres indígenas y afroamericanas”, mencionó.
Reiteró el compromiso del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz de lograr que la 12ª época de la Suprema Corte se caracterice por tener una justicia pluricultural, de igualdad sustantiva y de inclusión en México.
Edgar Adrián Mendoza, juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México habló sobre los obstáculos reales en los tribunales. “Hay una burocracia increíble, en general, en todas las dependencias […] es muy complejo encontrar una persona que sea del pueblo específico y que pueda traducir”. Ante esto, subrayó, el juzgador debe ser proactivo para advertir la vulnerabilidad, dar un acompañamiento real que impida que, por falta de traductores de lengua indígena, un asunto quede estancado seis u ocho meses o hasta un año.
Por su parte, Irma Juan Carlos, diputada federal de la LXVI Legislatura, aseguró que esta reforma no es una concesión del poder, sino el resultado de décadas de lucha. “Dejamos de ser beneficiarios de programas gubernamentales para ser actores jurídicos con capacidad de decisión. La diversidad no es un matiz de México, es su esencia”, afirmó.
Durante su participación, el magistrado Nabor García López, docente en la Escuela Nacional de Formación Judicial, hizo un llamado para que se forme a más personas juzgadoras que hablen lenguas indígenas. “Jueces con perspectiva intercultural y, además, con perspectiva indígena […] No es lo mismo resolver un asunto con perspectiva de género o con perspectiva intercultural o con perspectiva indígena, que ser indígena, reconocerse como tal o tener esa costumbre, ese arraigo, tener esa cosmovisión al resolver”, expresó.
Este seminario reafirma el compromiso de la comunidad jurídica del Máximo Tribunal del país por comprender y aplicar las nuevas disposiciones que buscan saldar una deuda histórica con la pluriculturalidad de México.
