Se frenó la audiencia de María Amparo Casar, académica y directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una de las organizaciones más señaladas por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de actuar en su contra.
La audiencia que estaba prevista para mañana ha sido suspendida, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha retirado la carpeta de investigación con el objetivo de “revisarla”. Sin embargo, el caso no se ha terminado, ya que el proceso continúa abierto por “uso ilícito de atribuciones y facultades” de la académica al recibir una pensión de 125 mil pesos mensuales derivada de la muerte, presunto suicidio, de su esposo, quien laboró en Petróleos Mexicanos (Pemex).
La juez de control, Diana Selene Medina Hernández, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, consideró que el asunto debe ser conocido por su homólogo en el Reclusorio Norte, porque anteriormente la FGR llevó ante ese Centro de Justicia dos técnicas de investigación.
“El representante social de la Federación informó que, en la referida carpeta de investigación, se autorizaron las técnicas de investigación 224/2024 y 315/2024 por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte”, detalló la jueza.
El caso se remonta a 2024, cuando en el entonces director de Pemex y actual director del Infonavit, Octavio Romero, aseguró que la panelista del programa Primer Plano cobraba una pensión vitalicia de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla —quien trabajó en la paraestatal y falleció al caerse en el 2004—, desde hace 20 años.
El funcionario señaló que el trabajador se hacía suicidado, por lo que no fue un accidente; no obstante, la socióloga acudió con el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, exconsejero del extinto Consejo de la Judicatura Federal y actual magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, para que cambiara el dictamen, indicando que fue un accidente, pero no un suicidio, de acuerdo con el expresidente López Obrador, aunque el actual magistrado ha desmentido la acusación.
Tras la acusación, Pemex retiró la pensión, sin antes haberla denunciado ante la FGR, pero la analista se amparó, por lo que el 10 de mayo un juez de Distrito le concedió la razón, ordenó que se regresara la pensión “a menos que haya un ordenamiento firme, jurisdiccional o administrativo” contrario. La académica aseveró que todo se trató de una persecución del presidente López Obrador: “Ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella”.
En tanto, el caso ha quedado en pausa, aunque la FGR no se desistirá del mismo; el Ministerio Público expuso que se actuaba “sin sesgos de ningún tipo” y agregó que no hay consigna: “Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna”, recalcó.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó posicionarse sobre el asunto: “Fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión. La parte de la Fiscalía se la dejo a la Fiscalía, para que la propia fiscal explique por qué la denuncia penal”.
Abraham Pensamiento
