Gerardo Villanueva Albarrán*
En 2022 nació en Coyoacán el movimiento llamado “Sin Vivienda No Hay Bienestar”, consecuencia de una crisis de falta de vivienda de la que nadie quería hablar y menos buscar soluciones concretas.
En la Ciudad de México se desarrollaron procesos como el de reconstrucción, y otros que derivaron en la especulación inmobiliaria que tuvo su versión corrupta con el cártel inmobiliario denunciado y concentrado en la demarcación territorial de Benito Juárez con sus gobiernos panistas, los cuales distrajeron recursos necesarios para la vivienda.
Además, fenómenos urbanos como la gentrificación ganaban espacios en la atención pública, aunque el dato verdaderamente grave, el que debería escandalizar a todos, es el inmenso déficit de vivienda que de acuerdo a los desarrolladores privados es de 700 mil unidades, cuando apenas se construyen 8 mil al año.
Más de la mitad del déficit corresponde a vivienda de interés social. Es importante mencionar que, de acuerdo a la revista Forbes (2023), el precio promedio de la vivienda rondaba los 4.8 millones de pesos. Ahora bien, de acuerdo al Indicador Banorte de Precios de Vivienda, el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de México es de $57,815 pesos convirtiéndose en el más caro del país, cuando el promedio nacional es de $31,330 pesos por metro cuadrado.
Para agravar el panorama, de acuerdo con el CONEVAL (2020), las familias mexicanas que se encuentran en el decil más bajo destinan el 61% de sus ingresos al pago de la renta, mientras los dos siguientes deciles destinan el 34%, cuando el estándar internacional de la ONU recomienda el 30%. Otro dato, difundido a finales del 2025 en medios de comunicación, señalaba que el costo promedio de la renta de un departamento de 65 m2 en la capital es de $26 mil pesos mensuales.
Como mayor presión para las familias que rentan, de acuerdo al INEGI las viviendas destinadas al uso temporal o renta breve pasaron de 22,122 a 71,780 entre 2000 y 2020, lo que significa un crecimiento del 224%.
Entonces, el relanzamiento del derecho a la vivienda impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se propone la meta de construir un millón ochocientas mil viviendas, con apoyo de CONAVI, INFONAVIT y FOVISSSTE, contribuye a una anhelada justicia habitacional para un pueblo que solo demanda un crédito para pagar un techo, con la certidumbre de que solo un Estado Social puede garantizarlo de forma asequible.
En la Ciudad de México el desafío es gigante, la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina se ha planteado promover doscientas mil acciones de vivienda. El giro es muy necesario y urge acelerar el paso, desde el 2022, de acuerdo con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el 42% de las familias rentaban o vivían en casa prestada. En este 2026 esa cifra poco se ha modificado en atención a los últimos 7 informes de gobierno. Tengo confianza en que la nueva Secretaría de Vivienda, que ahora tiene los recursos suficientes para desahogar la demanda social y organizada, estará a la altura del desafío.
Nunca más el pueblo debe esperar 10 o 15 años para recibir una vivienda, que la voz de quienes luchan siga pronunciándose para que la vivienda no sea una utopía, que la vivienda no sea el factor más doloroso de la desigualdad humana. Reconozco el esfuerzo histórico de las y los activistas del movimiento urbano y a todos los colectivos y organizaciones que, ejerciendo el derecho a la ciudad y el derecho a la producción social de vivienda, forjan el rostro social de nuestra gran ciudad.
*Diputado local del partido MORENA por el Distrito 26.
