Después de 22 años de que el derecho de acceso a la información pública fuera incluido en la Constitución, ahora con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en noviembre pasado, aquella prerrogativa registrará “una nueva etapa histórica”, que se aplicará con otro modelo quizá desde un órgano desconcentrado, considera la Comisionada, Norma Julieta del Río Venegas, quien cree necesario reunirse con la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro para informarle a detalle cómo termina ese organismo.
Carlos Padilla Ríos
-¿Qué nos podría decir del actual momento de transición de lo que fue el INAI a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno?
-Es un periodo histórico. Creo que todos coincidimos en que sí debe existir el acceso a la información y la protección de datos personales, pero quizá no con el aparato burocrático de la actualidad. En ese aspecto, varias veces se propuso una reingeniería, desde mi llegada, la cual nunca fue aceptada. También existe desinformación sobre el tema. Porque escuché a una diputada decir ‘queremos que nos den la Plataforma Nacional de Transparencia porque la van a desaparecer’. He recibido llamadas de medios de comunicación o de gente que me dice ‘queremos cuidarla’, pero yo les he dicho: la plataforma es un bien nacional y el decreto dice que todos los recursos materiales, humanos y financieros van a pasar a la secretaria de Raquel Buenrostro Sánchez. Lo importante es que los artículos 6 y 16 constitucionales continúan. No habrá un Instituto, pero seguirán los derechos en este país y no nos queda más que seguir luchando por crear un nuevo modelo. Difícil, sí, porque fue una crónica anunciada, pero también la nueva situación dependió de varios factores.
-¿Qué recomendaría a los legisladores que están elaborando la nueva legislación?
-En el tema de acceso a la información esperaría que el piso mínimo que ya está construido se tomará como base, que no se echará todo a la basura, que los 20 días que tienen los ciudadanos para recibir respuesta de las autoridades, lo dejaron igual. Esperaría que los legisladores establezcan multas y sanciones, porque cuando un sujeto obligado no cumple, simplemente se le amonesta por parte del Órgano de Control Interno. Con la llegada de Buenrostro -ella lo ha declarado- va con mano dura. Se tiene que dar más facultades para quien no cumpla sea castigado como si fuera una falta grave de acuerdo a la Ley de Responsabilidades. En el tema de datos personales, la legislación es muy vieja. En posesión de particulares la ley es del 2011 y hoy todo mundo usamos las redes digitales, no hay regulación. La legislación sobre sujetos obligados apenas cumplirá ocho años. Que los legisladores sancionen a quien no conteste o a quien no haga pública la información que es pública.
-¿Cómo evitar una regresión?
Sólo hay una forma: mano dura, porque hoy no hay sanción; hay quien no cumple. Hay países que tienen la información pública en los portales sin necesidad de estar solicitando información.
-¿Qué opina del escepticismo de sectores académicos y periodísticos de que el gobierno federal cumpla con los derechos constitucionales de los que ustedes eran garantes?
-En lo personal no conozco a la secretaria Buenrostro, pero sí su fama de mujer dura, profesional. Y los comentarios de la Presidenta es que el ciudadano seguirá teniendo la información. La duda es que pudiera ser juez y parte. La historia nos ha demostrado que ser juez y parte es difícil. Ojalá en la ley secundaria separen eso. Tenemos que dar el beneficio de la duda porque no sabemos qué va a pasar. Como ciudadanos vamos a estar vigilando.
-¿Sería necesario un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno?
-Sí, antes los órganos garantes locales éramos desconcentrados y solo teníamos autonomía jurídica, presupuestal no. A lo mejor un desconcentrado con una autonomía de actuación, daría más confianza. Nosotros acabamos como un árbitro, con autonomía, aunque a veces la autonomía se entiende como el todopoderoso. Hay que cuidar mucho eso, pero valdrá la pena un órgano desconcentrado, no estaría mal.

-¿Qué saben del traslado, de la mudanza?
-En diciembre el Comisionado presidente Adrián Alcalá comentó a las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román y a mí que regresaba de una reunión con la secretaria Buenrostro, “me mandó llamar”, dijo. Las tres preguntamos “¿y luego?” Y respondió: “quedamos en volver a platicar”. Semanas después leímos en la prensa que la secretaria Buenrostro había incumplido con tres mesas de trabajo. Le preguntamos al presidente Alcalá cuáles mesas de trabajo y dijo: “solo se comentó ahí y ahí quedó, pero ya no la he visto”.
En reunión del pleno del 6 de enero pedí públicamente que le mandáramos una carta a la secretaría Buenrostro para que nos atendiera, pero ese oficio nunca se hizo. La secretaria Buenrostro debe saber que en el INAI tenemos 70 servidores,15 mil millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia, la nómina; una deuda de ocho años del edificio sede que se renta con opción de compra. Los trabajadores están en la incertidumbre, no hay presupuesto para liquidaciones. Hay más de once personas que ganan más que los mismos comisionados, que están amparados. Hay laudos, lo mejor es que nos reciba la Secretaria Buenrostro. Tenemos un presupuesto de 500 millones para seis meses. Además, en el INAI hay personal muy capacitado que la Presidenta conozca que en el INAI hay talentos, gente profesional, que se puede canalizar a otras instituciones.
En otro momento, se nos propuso invertir 50 millones de pesos (economías internas) para liquidar a 300 trabajadores de los 800 que tiene el INAI. La Comisionada Blanca Lilia y yo dijimos que las condiciones ya eran otras. Nos negamos a abordar el tema. Y se propuso consultar a la Secretaría de Hacienda, quien respondió que no se podía hacer eso.

-En esta situación de transición e incertidumbre que se vive aquí, ¿qué sería lo mejor?
-Los comisionados tenemos claro que expedida la ley secundaria, al día siguiente, salimos. Lo mejor para nosotros sería que tuviéramos una reunión con la secretaria Buenrostro, que diéramos certidumbre a los trabajadores, los que permanecerán y los que no. Porque nadie les dice nada.
-¿Cómo garantizar que permanezca y no se haga mal uso de la Plataforma Nacional de Transparencia?
-La plataforma esté asegurada, nunca ha sido hackeada. También hay un respaldo de datos automático que se hace cada 24 horas. Tiene un acervo histórico desde el 2003, tiene la primera solicitud a la fecha, tiene 15 mil millones de archivos.
-Leímos que la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías en la administración del INAI.
-Cuando llegué aquí, conocí correos electrónicos denunciando redes de corrupción. Con el tiempo las denuncias crecieron. Una persona, de la cual hay que guardar su identidad, vino y me dijo: ‘”me pidieron un porcentaje de mi sueldo los comisionados que están aquí’. Eso lo denuncié el 11 de diciembre ante el auditor superior porque era mi obligación. Yo fui controlara en el estado de Zacatecas. En los informes preliminares de la Auditoria, se comprobó que excomisionados si pedían a trabajadores parte de su sueldo. La Auditoria me está dando la razón. El 20 de febrero la Auditoria dará a conocer los resultados definitivos. En la administración del expresidente del INAI, Francisco Acuña se compraron paneles solares por millones de pesos que no funcionan. Se contrató a una misma empresa por siete años seguidos. Espero que la Auditoria al emitir su dictamen, se identifique a los responsables. El que la hizo que la pague.
Ernesto Villanueva ha dicho que no se logró socializar el derecho a la información.
-Sí, en parte. Al interior del Instituto falló el tema de comunicación social porque había muchas cosas que se hacían, muy buenas, pero había un sigilo de no decirlo allá afuera. Nos faltó mayor difusión entre la gente y no hablo sólo del INAI, hablo del Sistema Nacional de Transparencia.
-Se denunciaron viajes innecesarios, acoso sexual y laboral ¿Cómo termina el INAI?
-Una de las denuncias que tengo aquí es del Comité de Ética, pero lo preside una persona que fue observada por nepotismo de años, está aquí el esposo. El Comité de Ética no ha sido imparcial, está viciado. De los viajes puedo decir que en mi caso fueron 8 en 4 años, todas están documentadas. Fui conferencista. Tampoco se valía estar saliendo de manera constante a Europa. Se abusó, esas decisiones unilaterales las ha observado también la Auditoría.