Miles de manifestantes marcharon por avenida Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México para reiterar su exigencia de encontrar a los jóvenes que fueron desaparecidos por el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, el 26 de septiembre de 2014.
Los padres y familiares de aquellos jóvenes de la escuela normal Isidro Burgos, en compañía de aproximadamente diez mil personas, exigieron la presentación de los alumnos y castigo a los responsables.
A pesar de la pertinaz lluvia, los contingentes, mayoritariamente de estudiantes universitarios, llegaron al Zócalo para demandar el cumplimiento de sus demandas y reclamando al gobierno federal por no resolver el caso, como lo había prometido.
Al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Fue el ejército”, los manifestantes exigieron que se realice una investigación transparente para que castigue a todos los responsables sin importar si pertenecen a alguna corporación de seguridad.
Durante la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se hizo “todo lo posible” para dar solución a este caso, y reiteró que su sucesora Claudia Sheinbaum se va a encargar de dar continuidad a las investigaciones.
La Comisión de la Verdad creada por el gobierno a inicios del sexenio determinó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado, al haberse involucrado autoridades de todos los niveles para encubrir el hecho, incluyendo a miembros del 27 batallón del ejército.
La historia oficial de lo que ocurrió, la noche del 26 de septiembre de 2014 aún no está del todo clara, lo que sabe es que el grupo de estudiantes arribó a la central camionera de Iguala, Guerrero para tomar autobuses para dirigirse a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, pero al querer salir del municipio fueron detenidos por la policía municipal y miembros del cártel Guerreros Unidos, que luego los secuestraron, sin que hasta la fecha se conozca su paradero, salva en pocos casos de jóvenes que sí fueron ubicados.
El gobierno comenzó una investigación por orden del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, la cual concluyó en lo se conoce como “La Verdad Histórica”, donde se asegura que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, en Guerrero, y las cenizas se arrojaron al río San Juan.
En este sexenio, la participación de las fuerzas armadas en el
hecho, así como por torturar a testigos y sembrar evidencias para dar fin a la investigación, lo que posteriormente llevaría a la detención del exprocurador general de la república, Jesús Murillo Karam y de otros funcionarios.
