Rodrigo Avila
Tradicionalmente las elecciones intermedias son competencia de las estructuras partidistas. La pandemia por Covid-19 hace más vigente que nunca esta afirmación. El reto es comunicar en medio de la crisis. Renunciar a las grandes concentraciones, y disputar el gran público sin las herramientas tradicionales.
El actual proceso electoral implica cambios y retos de primer orden. Se trata de las primeras elecciones en donde el partido en el gobierno no financia sus campañas con partidas secretas, no hay escándalos tipo Pemexgate ni sobornos tipo Odebrecht.
También es la primera contienda electoral federal donde el binomio PAN-PRI compite desde la oposición; carecen de un liderazgo fuerte; y lo hacen en un contexto marcado por un Presidente de la República que llega con más de 60 por ciento de aprobación y una estrategia de comunicación consolidada.
El despegue de las campañas ha estado marcado por la aplicación discrecional de las leyes y el protagonismo poco común del Instituto Nacional Electoral (INE), principalmente de su presidente, Lorenzo Córdova, quien se convirtió en el actor central de los primeros días de la contienda, relegando a candidatos y dirigentes partidistas.
La actuación del INE y la apuesta reiterada de la oposición a reeditar la campaña “Peligro para México” da como resultado una inquietante tendencia hacia la lumpenización de la política que pone en riesgo la joven democracia mexicana.
La disputa por la Cámara de Diputados
La disputa central del proceso electoral en curso es la renovación de la Cámara de Diputados. Lo que está en juego es si Morena continúa con la mayoría legislativa o la coalición “Va por México”, conformada por PRI, PAN y PRD, se la arrebata. El resultado de la elección determinará la viabilidad legislativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ciudadanía va a decidir el próximo 6 de junio de 2021, si continúan las transformaciones legales o se les pone un freno. La legislatura que está por concluir se ha caracterizado por dar sustento constitucional y legal al tránsito del neoliberalismo al Estado de bienestar propuesto por AMLO en 2018.
La mayoría de Morena en el Congreso de la Unión ha servido, entre otras cosas, para integrar a la Carta Magna nuevos derechos sociales como la pensión para adultos mayores, pero también para reformar progresivamente la legislación laboral y mejorar las condiciones de vida de la población con medidas como la reforma para que el salario nunca aumente por debajo de la inflación; los derechos de las personas trabajadoras del hogar y la desaparición del outsourcing.
También se han impulsado enmiendas que tienen que ver con el combate a los privilegios y al dispendio con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana que tiene el objetivo de “combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
Sin embargo, lo que vemos al momento no es un debate conceptual sobre el futuro del Estado mexicano. En lugar de esto la oposición apela al voto del descontento que no se ve en las encuestas sobre la imagen presidencial.
Más que a un programa, la oposición apuesta a un error o una desgracia que de razón a su campaña.
Reeditan campaña negra
La reedición de la campaña peligro para México es clara en los spots opositores: voces graves, imágenes en blanco y negro, palabras altisonantes, estigmatización de grupos sociales y la exhibición de un pretendido fracaso del gobierno de la 4T. No se busca posicionar una propuesta, sino aprovechar la vulnerabilidad sicológica provocada por la pandemia para capitalizar el enojo.
A ello se ha sumado el INE que en voz de Lorenzo Córdova ha tejido un discurso en torno a una pretendida falta de respeto a la legalidad por parte del Presidente de la República y de Morena poniendo como ejemplo el retiro de candidaturas a aspirantes a diversos cargos en Guerrero y Michoacán. Sin embargo, en otros momentos y en situaciones similares, el órgano electoral ha sido omiso en la aplicación de las leyes electorales.
El ejemplo más reciente fue la pasada elección de la dirigencia de Morena. Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE se encargó de organizar el proceso: emitió la convocatoria, seleccionó a las empresas encargadas de realizar la encuesta, ordenó repetir el sondeo alegando una ventaja marginal de uno de los contendientes y, finalmente, validó el resultado.
Pese a que la Ley de Partidos en su Artículo 44 prevé que toda convocatoria para renovar las dirigencias partidistas debe contemplar topes de campaña, lo que implica que los recursos usados para la promoción de aspirantes sean fiscalizados, la convocatoria del INE para la elección de dirigentes de Morena omitió este requisito. Más aún, al momento del registro de aspirantes, celebrado en las instalaciones y con el personal del INE, jamás se dio indicación alguna sobre el gasto y su fiscalización. En ningún momento la autoridad electoral observó el gasto ni aplicó los mecanismos de auditoria, al contrario, permitió el gasto y la opacidad.
Hay otros momentos, como la elección de 2012 en donde el INE no vio el dispendio ni el uso de recursos ilegales en la campaña de Peña Nieto y terminó acusando de rebase de topes de campaña a AMLO.
Morena, sus procesos internos y las candidaturas de Guerrero y Michoacán, es el claro ejemplo de la actuación sesgada del INE. Por un lado, fue negligente en el gasto realizado para ser dirigente de Morena y, por otro, retira la candidatura a aspirantes presumiendo gastos no reportados menores a 20 mil pesos cuando el tope de precampaña es de cinco millones.
Un tema para reflexionar es la reciente renovación de Consejeros del INE conducida por el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en donde se decidió apoyar, entre otras personas, a Karla Humprey a pesar de tener un perfil más cercano al viejo régimen que al cambio democrático. Humprey, especialista internacional en fiscalización en misiones de la OEA, fue descuidada con la inspección de los recursos utilizados por los aspirantes a dirigentes de Morena, pero tuvo un papel determinante para retirar el registro a los candidatos de ese partido por Guerrero y Michoacán.
Falta de institucionalidad del INE
Lejos de una contienda electoral centrada en el contraste de visiones de país, lo que ha mostrado el inicio de la presente campaña electoral son los riesgos que aquejan a la joven democracia mexicana; la falta de institucionalidad del INE y el anclaje de 15 años de la actual oposición al discurso lumpenizante del “Peligro para México” son alertas que no se deben desdeñar pues muestran una tendencia perniciosa al pasado autoritario o, por lo menos, la poca adaptación a los cambios por parte del INE y de la oposición política.
