A Celia Plata, mi segunda madre
Gabriel Sosa Plata
Hace veinte años, el Congreso mexicano dejó una de las postales más incómodas de la relación entre poder político y poder mediático. La llamada “Ley Televisa” no fue únicamente una mala reforma; fue la expresión más nítida de un sistema político dispuesto a plegarse ante la televisión abierta, en pleno periodo neoliberal, cuando la pantalla seguía siendo el principal “soporte” de la vida pública.
Fue el 22 de noviembre de 2005 cuando el diputado priista Miguel Lucero Palma, sin ninguna relación con el tema, presentó formalmente la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, mientras en el Senado se analizaba una propuesta de organizaciones de la sociedad y del mundo académico.
El 1 de diciembre de 2005, apenas unos días después de presentada la iniciativa, la Cámara de Diputados la aprobó en fast track: 327 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. No hubo deliberación pública real ni discusión de fondo sobre competencia en radio y televisión, impulso a los medios comunitarios y el uso del espectro radioeléctrico, un bien público estratégico. Hubo unanimidad. Y esa unanimidad fue leída, dentro y fuera del país, como una señal inequívoca de sometimiento político frente al poder de la pantalla.
La propuesta surgía en un contexto en el que el grupo Televisa, TV Azteca y algunos grupos radiofónicos comerciales, concentraban un poder de agenda descomunal y en el que el país se encaminaba a la elección presidencial de 2006, con todo lo que ello implicaba en términos de cálculo político, la continuidad del modelo económico y necesidad de visibilidad mediática.
El proceso continuó en el Senado a finales de marzo de 2006, en sesiones tensas, históricas, que se extendieron hasta la madrugada del día 31. Pero fue insuficiente, al igual que la movilización social en su contra.
El 11 de abril de 2006, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con la firma del presidente Vicente Fox, quien por obvias razones no vetaría la ley, pese a que en el mismo grupo en el poder había también rechazo a la reforma. Por ejemplo, la que manifestaron la misma Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y medios públicos, como el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Radio Educación.
En aquellos meses circuló una frase que sintetizó el clima político del momento y que quedó grabada en la memoria colectiva. A través de sus operadores y legisladores a modo, Televisa habría señalado que la reforma debía aprobarse “sin quitarle una sola coma”. La expresión no fue una anécdota menor. Funcionó como consigna y como advertencia. Y, en los hechos, fue obedecida. Televisa no sólo logró alinear a la mayoría de los legisladores, sino que consiguió neutralizar prácticamente a todos los opositores dentro de la propia industria, que terminaron por aceptar el paquete completo ante la imposibilidad de enfrentar al actor hegemónico del sistema.
La unanimidad, sin embargo, no fue absoluta en el Congreso. Hubo resistencia. Una resistencia minoritaria, pero políticamente significativa, encabezada por figuras que provenían de trincheras ideológicas distintas y que, sin embargo, coincidieron en la gravedad del momento. Javier Corral Jurado, entonces senador del PAN, Manuel Bartlett Díaz, senador del PRI, y César Raúl Ojeda, senador del PRD, denunciaron públicamente la reforma, alertaron sobre la captura regulatoria y cuestionaron el procedimiento legislativo.
Esa alianza improbable anticipó que el conflicto no se resolvería en el Congreso, sino en los tribunales.
Así ocurrió. En mayo de 2006 se promovió la acción de inconstitucionalidad 26/2006 y, en 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones centrales de la reforma, entre ellas artículos clave relacionados con la asignación de frecuencias por criterios económicos, los refrendos a perpetuidad, la expansión de las televisoras al sector de las telecomunicaciones mediante procedimientos sin control del órgano regulador y el diseño institucional del sector.
Jurídicamente, la Corte desmontó el corazón de la llamada Ley Televisa. Fue un gran triunfo, pero políticamente dejó una lección que no debemos olvidar: cuando el poder legislativo actúa como ventanilla de intereses privados, los derechos humanos y la democracia se debilitan.
No es casual que este episodio haya sido ampliamente estudiado en universidades y centros de investigación de México, América Latina, Estados Unidos y Europa. La Ley Televisa se convirtió en un caso de referencia global para analizar la captura del Estado, la relación entre medios dominantes y democracia, y la fragilidad de los contrapesos cuando el poder mediático se vuelve imprescindible para la clase política.
Por supuesto hay muchísimo más que decir sobre lo ocurrido en aquel tiempo, pero veinte años después, cabe preguntarse si algo así podría repetirse.
Me parece que sería mucho más difícil. Por un lado, porque el consumo audiovisual cambió de manera radical. La televisión abierta ya no concentra por sí sola la atención de las audiencias; comparte, y en muchos segmentos pierde, terreno frente a internet, las plataformas digitales y las redes sociales. El poder de “doblar” al sistema político desde una, dos o tres pantallas nacionales se ha debilitado. Baste ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos meses con el antes poderoso e intocable empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
Por otro lado, porque también cambió el grupo en el poder, a través del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena). La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 y el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en 2024, alteró de manera profunda las reglas del juego que durante décadas habían operado entre el PRI, el PAN y los grandes empresarios del sector.
Sin idealizar el presente, es evidente que el vetusto arreglo político-empresarial-mediático basado en concesiones, trato preferencial, derecho de picaporte, favores mutuos y el generoso apoyo de publicidad oficial, dejó de tener vigencia. Hoy sería políticamente inviable un fast track unánime de ese calibre sin costos inmediatos y sin una reacción política, social y mediática de gran escala.
Sin embargo, recordar la Ley Televisa no debe llevarnos a una falsa sensación de alivio.
El riesgo no desapareció; se transformó. El poder que antes se concentraba en la televisión abierta y algunos grupos radiofónicos se ha desplazado en algún sentido hacia las grandes plataformas tecnológicas, que hoy dominan la distribución de contenidos, la publicidad digital, los datos y la visibilidad pública.
Estaríamos, pues, pasando de una reforma dictada desde la TV comercial “sin moverle una coma” a la posibilidad de una captura silenciosa del debate público a través de algoritmos, reglas privadas y un intenso cabildeo de las plataformas globales para evitar reformas legales que afecten sus intereses.
Las no “tan benditas redes sociales” hoy también son instrumento de desestabilización política, utilizado por opositores al gobierno y justo por empresas que hoy ven perder poder a través de las pantallas televisivas. Baste recuperar aquí las denuncias que al respecto se han presentado en “las mañaneras” de López Obrador y la presidenta Sheinbaum, así como la denuncia de “El Palomar“, unidad interna supuestamente clandestina de Televisa, dedicada a la manipulación de la opinión pública, la creación de noticias falsas y la realización de campañas de desprestigio contra personas, empresas o actores políticos considerados “enemigos” de la corporación o para favorecer a sus aliados.
“El Palomar”, por cierto, es autoría de uno de los autores intelectuales de la Ley Televisa, Javier Tejado Dondé. ¿Coincidencia? Para nada.
La Ley Televisa no deja de ser una advertencia vigente, pero ahora con otros jugadores adicionales, quizás mucho más poderosos, con influencia transnacional. Y no debemos confiarnos.
Especial de UAM Radio 94.1 FM
Y como comentamos la semana pasada, la radiodifusora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), tiene preparada, este miércoles 24 de diciembre, una sorpresa sonora con motivo de la Navidad: el programa especial “Noche ¿buena? Pregunta seria”. Una mirada a quienes están detrás de las luces y decoraciones. A través de diversos testimonios, el programa abordará experiencias de vida que suelen quedar fuera de la narrativa idealizada de la Navidad. La cita es a las 17:00 horas y la retransmisión el 31 de diciembre a la misma hora. Sigue las transmisiones en el 94.1 de FM, en línea https://uamradio.uam.mx/ o en la app de UAM Radio.
