Los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) que cancele 26 candidaturas a cargos en el Poder Judicial, pues los aspirantes son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, o por incumplir el promedio mínimo de ocho.
Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados solicitaron al INE que suspenda las 26 postulaciones por incumplir con los artículos 95, fracción IV, y artículo 97, fracción III, con lo cual no gozan de buena reputación ni “buena fama en el concepto público”.
Asimismo, los legisladores detallaron que seis de los candidatos cuentan con denuncias por abuso sexual, lesiones, amenazas, peculado, delincuencia organizada, e incluso tienen órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, además de que fueron abogados de criminales miembros del Cártel de Sinaloa (CDS).
Por otro lado, señalaron a 12 candidatos por no cumplir cabalmente con los requisitos de idoneidad, ya que concedieron la libertad a varios criminales asociados con delitos como portación de armas, abuso sexual, desaparición forzada y narcomenudeo, entre otros.
“De no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de intereses y evidente idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular”, se advierte en los documentos.
Igualmente, se detalla que ocho candidatos no tienen el promedio necesario para participar en un cargo de elección popular; estos aspirantes buscan convertirse en magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados de Circuito y jueces de Distrito.
Algunos casos de los que se pide la cancelación
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigó al juez segundo de Distrito en materia Penal de Tamaulipas, Noel Castro Melgar, por haber recibido dos centenarios, los cuales tienen un costo superior a los 24 mil 400 pesos, además del pago de boletos de avión de un subordinado.
La jueza Karina Almada Rábago, quien fue titular del noveno juzgado de Distrito de Sonora, dictó la libertad para el entonces director de Inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, ya que la FGR no presentó todas las pruebas necesarias para vincularlo a proceso por la operación “Rápido y Furioso”.
El líder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Viceroy”, obtuvo la suspensión definitiva por un juez (Julio Verdín Sena Velázquez, juez séptimo de Distrito), de modo que se frenó su extradición a Estados Unidos por un tiempo indeterminado desde 2023.
En tanto, en 2024, la jueza Diana Montserrat Partida Arámburo ordenó la liberación anticipada de Marcelino Ticante Castro, “El Fantasma”, señalado como exmano derecha de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Abraham Pensamiento
