Gerardo Israel Montes*
El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, quien fuera alcalde de Uruapan, Michoacán, por supuesto que debe de mover a la indignación, condena y crítica por el ya intolerable actuar de los distintos grupos delincuenciales que operan en Michoacán: el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Los Reyes y Cárteles Unidos, grupos con gran empoderamiento que amedrentan, extorsionan, asesinan y desparecen a personas con total impunidad.
Sin embargo, se debe condenar el uso político que de aquel homicidio hace la oposición política y mediática. El atroz crimen lo están utilizando como herramienta de su estrategia de manipulación y desinformación echada a andar desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia en diciembre de 2018 para iniciar la Cuarta Transformación, que durante más de un año ha continuado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aquel uso político exhibe su apuesta por la violencia física como vía para recuperar los espacios políticos, que no han ganado en las urnas por el rechazo de la población a los partidos opositores, como a los medios de comunicación que sirven al conservadurismo mexicano.
Recuentos de la violencia opositora
En varios textos publicados en la revista Zócalo se ha dado cuenta de los múltiples actos de agresividad realizados por la oposición mexicana. En 2018, previo a las elecciones del 1 de julio de ese año, en Google Play y App Store se promovió una aplicación que alentaba a matar, antes de que emitieran su voto en las casillas, a lospejezombies, y así evitar que López Obrador ganara la presidencia.
Conforme trascurrió el gobierno de López Obrador, la agresividad verbal de los opositores fue escalando hasta convertirse en un elemento esencial de su actuar desinformativo y de la adulteración de la realidad política. Las mentadas de madre y los pendejeos hacia la figura presidencial se volvieron expresiones habituales entre personajes anteriormente destacados de la intelectualidad y el periodismo crítico, pero conforme fueron perdiendo sus privilegios económicos y sus opiniones se volvieron irrelevantes, su postura se tornó zafia y agresiva, como en Héctor Aguilar Camín o Marco Levario Turcott.
En otros, no sorprendió su vulgaridad belicosa y torpe, como en el caso de Víctor Trujillo, escondido en su patético y lépero personaje de “Brozo”; Javier Lozano, ex funcionario panista; del iracundo publicista Carlos Alazraky y del “escritor” Francisco Martín Moreno, célebre por pedir quemar a los morenistas.
Para 2023, la intensificación de la falaz campaña mediática en torno al supuesto pacto Morena-narco (enarbolado principalmente por comunicadores venidos a menos y decantados por la desinformación, el apoyo a la derecha y por seguir a pie juntillas los guiones de la DEA, como Carmen Aristegui, Anabel Hernández, Salvador García Soto, Héctor de Mauleón y Raymundo Riva Palacio), se conjugó con las primeras muestras de agresiones físicas en respuesta al avance del proceso de reforma constitucional al Poder Judicial que planteó la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados.
El 28 de mayo de ese año, previa convocatoria a una manifestación “pacífica” hecha en redes sociales bajo la bandera de la supuesta defensa de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un nutrido grupo de manifestantes aglomerados en organizaciones vinculadas al empresario Claudio X. González y, por ende, simpatizantes del PAN y del PRI, arremetieron con empujones violentos en contra de los integrantes de un plantón, este sí pacífico, que llevaba algunos meses afuera de la Corte demandando la renuncia de la entonces presidenta, la ministra Norma Piña Hernández.
Meses después, el 6 de septiembre de 2024, la senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo llamó a linchar, es decir, a ejecutar, a quien no votara en contra de la reforma al Poder judicial: “Y esto es para el güey que vote a favor: que lo linchen por pendejo”. Ya para el 10 de septiembre, durante la sesión del pleno del Senado, sobrevinieron las acciones en extremo agresivas de los defensores de la supuesta independencia judicial, quienes armados con tubos y a base de empujones ingresaron al salón de sesiones para reventar la sesión en donde se discutía la reforma al Poder Judicial.
En lo que va de 2025 se ha mantenido la permanente directriz opositora de llevar las discusiones políticas al terreno de la violencia. Y el asesinato de Carlos Manzo, junto a su postura para combatir la inseguridad, han sido aprovechados por la derecha mediática y política del país para continuar con su apuesta de inducir al hartazgo y a la violencia.
La prensa opositora le dio un amplio foro al político michoacano a fin de contrapuntear su estrategia de combate directo a la delincuencia organizada, con la desarrollada por los gobiernos morenistas de atención a las causas y la recomposición del tejido social, lo que no significa dejar de combatir a los grupos delictivos.
Manzo asistió a los medios más conservadores y con los comunicadores más anti-4T. El 26 de mayo pasado, el alcalde asesinado en el programa de Adela Micha (informadora célebre por su relación personal con Jorge Castañeda, otro opositor y ex canciller con Vicente Fox, y por ser propietaria de una residencia en las Lomas de Chapultepec que difícilmente pudo haber adquirido con el ejercicio de un periodismo honesto y alejado del poder, y amiga del priista Alejandro Moreno) quien, al enfatizar el supuesto “hartazgo” social, aseguró, de forma sensacionalista, que a la Presidenta no le había gustado “nadita” lo dicho por Manzo días previos, en el sentido de utilizar la fuerza letal contra los criminales que pusieran en peligro la vida de las personas.
El edil aclaró que si a un delincuente se entregaba no habría enfrentamiento y se pondría a disposición del Ministerio Público, y que la respuesta letal sólo se aplicaría si estuviera en peligro la vida de la ciudadanía, pero enfatizó que se estaba acabando la paciencia de la población, lo que podría detonar en un “estallido social” o un “levantamiento en armas en la región por parte de la población civil”.
Manzo acudió también a Atypical Te Ve, en donde un desvergonzado Carlos Alazraky apostó, desde el inicio de la conversación, por canalizar la conversación hacia el odio y la violencia verbal en contra de la Presidenta, a quien llamó “Titina”, sin que Manzo externara ningún reproche o pidiera respeto hacia la figura presidencial.
Después sobrevino el lamentable asesinato del político michoacano, ocurrido el 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, en pleno Festival de Velas. Durante los días posteriores al condenable crimen, se desató una ola de indignación social genuina, pero también de toda una oleada de fingimiento de dolor que se usó para fines políticos que demandaron la renuncia de Sheinbaum. Al mismo tiempo, empezaron las vociferaciones en torno a los responsables del homicidio. En Latinus, Carlos Loret de Mola afirmó: “Carlos Manzo no fue asesinado, el gobierno dejó que lo asesinaran”; mientras que un desvariado Carlos Alazraky soltó: “Yo acuso del asesinato a Carlos Manzo, a dos asesinos: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum”.
A este coro de disparates y de ajustes de cuentas contra el morenismo que ha evidenciado el periodismo de consigna bajo las órdenes de agencias estadounidenses, se sumaron el 7 de noviembre las colaboradas de Aristegui Noticias, María Idalía Gómez y Anabel Hernández. La primera especuló que el móvil del asesinato era una mezcla de intereses políticos y del crimen organizado, debido a que Manzo lanzaría, en marzo próximo, su candidatura a la gubernatura del estado, no de forma independiente con su Movimiento del Sombrero, con el cual ganó ampliamente el gobierno de Uruapan, sino, supuestamente, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. De ahí, comentó, María Idalia, la oportunidad de su asesinato. Anabel Hernández complementó que no sólo iría por el gobierno michoacano, sino que “había voces que lo señalaban como posible candidato presidencial”.
Después ambas apelaron a sus “fuentes” de Estados Unidos para aducir la responsabilidad del asesinato: “Yo la información que tengo de personas que conocen toda esta zona (…) no solo es del gobierno de México, me hablan de que realmente quien habría orquestado el asesinato (…) es José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias “El Fresa” líder de la Nueva Familia Michoacana (…) parte de Cárteles Unidos (…) operadores en la campaña para favorecer, perdón, el día de la elección a (Alfredo) Ramírez Bedolla para que pudiera ganar la gubernatura de Michoacán”, aseveró Hernández.
Por su parte, María Idalia Gómez, tras referir datos estadounidenses respecto a los 800 millones de dólares anuales en extorsiones que enfrentan las empresas transnacionales que exportan e importan el aguacate producido en Michoacán, información “que le ha llegado a Trump” (la esperanza de la oposición mediática que anhela que ordene una invasión a México), aseguró con un tono engreído: “Puedo decirles también con información confirmada por fuentes de Estados Unidos (¿de la desprestigiada DEA que dicta guiones a diversos periodistas mexicanos? ) que el fiscal de Michoacán (Carlos Torres Piña) está siendo investigado por Estados Unidos por su posible vinculación con grupos criminales”.
Después del asesinato de Carlos Manzo se multiplicaron las acusaciones sin fundamento en torno a que el gobierno de México, autoridades estatales o políticos morenistas habían mandado matarlo. Esta incriminación sin pruebas se intensificó previo a la marcha convocada para el 15 de noviembre en el Zócalo capitalino bajo la fachada de la generación Z, tras la cual estuvieron integrantes de la derecha política y mediática. Dicha manifestación tuvo los mismos tintes de violencia que las protestas efectuadas en el contexto de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
Uno de los principales promotores de esa manifestación fue Ricardo Salinas Pliego quien, haciendo gala de su habitual y desmedido cinismo, lucró con la muerte del edil, incluso poniéndose un sombrero para emular a Carlos Manzo y dar la apariencia de empatía hacia su lucha. El empresario dio la orden de utilizar la señal de ADN 40 (canal robado a punta de pistola por el dueño de Grupo Salinas) para difundir en vivo la marcha de mediados de noviembre.
Aquel sábado de la manifestación, uno de los jóvenes valores de la desinformación en México, Manuel López San Martín, daba cuenta de la “represión” a los participantes de la marcha que se estaba dando en la plancha del Zócalo, lo cual fue una rotunda mentira, ya que lo que realmente acontecía en el Zócalo eran las conductas agresivas de grupos de encapuchados que pretendían tumbar las vallas metálicas e ingresar a Palacio Nacional.
En tanto, la mayoría de los manifestantes que caminaban, principalmente por la calle de 5 de mayo, pudieron expresarse libremente, lanzando insultos a la Presidenta y sus acostumbradas consignas de “narcogobierno”, “narcopresidenta”, “gobierno destructor de instituciones”, “dictadura”, “Morena va a caer; e, incluso, se dieron el lujo, ellos sí, de censurar, en Reforma y Avenida Juárez, a un grupo de jóvenes vestidos de negro, digamos representantes genuinos de la generación Z, que iban gritando: “PRI-PAN-Morena la misma chingadera”.
Mientras que en la transmisión en vivo de ADN 40, San Martín daba voz a personas que evidentemente formaban parte del prianismo; con especial énfasis, una de las entrevistadas se quejó de que el gobierno “cobrara impuestos a los empresarios”, (entiéndase a Salinas Pliego). En tanto, en la plancha del Zócalo los enviados de los alcaldes prianistas Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe (como se dio a conocer en los días posteriores a la manifestación) y muy probablemente financiados también por Salinas Pliego, agredían a los policías en su afán de tomar Palacio Nacional para “incendiarlo” y derrocar al gobierno, como se propagó en diversos mensajes que circularon a través de las redes sociales los días previos a la marcha, de cuentas ligadas a personajes del Prian y al dueño de Grupo Salinas.
Al final de la marcha, cerca de las15:30 horas, fue cuando un grupo de enviados por la derecha política y mediática, en su afán de derrumbar las vallas metálicas que protegían Palacio Nacional, arreciaran sus agresiones violentas en contra de los cuerpos policiacos, lo que ocasionó que los cuerpos del orden intensificaran su actuar y cometieran varios excesos en el uso de la fuerza pública para replegar a los violentos.
Esta fue la escena que los días posteriores a la marcha destacaron la mayoría de los medios de comunicación, sus periodistas alineados a la derecha, y las redes sociales del conservadurismo mexicano y extranjero, para continuar con su apuesta por derrocar por la vía de la violencia a un gobierno que fue electo democráticamente.
*Periodista y analista
