La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló con 22 votos a favor y 17 en contra el dictamen que propone la extinción de siete organismos constitucionales autónomos, cuyas funciones regresarán a la rectoría de la Administración Pública Federal.
Se prevé que la discusión se realice esta semana en comisiones y la siguiente se lleve al pleno y posteriormente a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con los legisladores de la bancada de Morena, esos organismos son poco transparentes y gastan enormes recursos económicos, con pocos resultados.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
Se propone reformas para la extinción de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de forma que las funciones que tiene este organismo pasarán a la Secretaría de la Función Pública o Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
A lo largo de la administración de López Obrador, este instituto fue objeto de muchas polémicas, ya que, dos de los comisionados de este organismo pagaron servicios de table dance con tarjetas American Express y, después de concluir su periodo, fueron nombrados como secretarios de la mima institución.
La bancada de Morena aseguró que este organismo no opera con eficacia, pues en protección de datos personales mostró a 635 sujetos obligados; de los cuales, sólo el 9% de los sujetos obligados alcanzaron su cumplimiento total, el 28% tuvo un cumplimiento parcial y el 63% no cumplieron.
Este organismo autónomo constitucional se creó en 2002 como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En 2014 adquirió mayores atribuciones convirtiéndose en el INAI.
Los legisladores consideraron que el presupuesto del Instituto es muy elevado, pues para este año, el presupuesto del INAI fue de mil 168 millones de pesos, sin embargo, el presidente del Instituto propone una disminución considerable a 993 millones de pesos.
Asimismo, se propone desintegrar al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) para que sus funciones se integren a la Secretaría de Educación Pública (SEP)
El artículo que se propone reformar indica lo siguiente: “Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado”.
Este organismo fue creado en el año 2013 con el nombre de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual proponía mejorar las condiciones de la educación en el país a partir de determinados mecanismos.
Mejoredu es una institución presidida por Silvia Valle, la cual funciona con 661 millones de pesos. Tras su extinción, el dinero se reincorporará al Ejecutivo.
Asimismo, la propuesta de reforma busca derogar determinadas disposiciones del artículo 26 constitucional, para que las funciones de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sean realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este organismo se creó en el 2004 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, no obstante, obtuvo autonomía constitucional en el 2014.
El dictamen considera reformar al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el cual no es un organismo con autonomía jurídica ni patrimonio propios, empero, sus funciones se trasladarán a la Secretaría de Energía (SENER).
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) también se prepara para la extinción, la cual está presidida por Agustín Díaz Lastra y que opera con 795.9 millones de pesos, la cual ha sido señalada de privilegiar a 77 empresas entre 2015 y 2020 después de que la reforma en materia energética obtuvo los votos necesarios para ser aprobada en 2013. Algunos de los corporativos que destacan son los siguientes: Chevron, Exxonmobil, Jaguar, Petrobal, Repsol y Shell.
Con esta reforma se propone eliminar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el cual está a cargo de Andrea Marván, recibió un presupuesto de 687.8 millones de pesos para 2024.
Igualmente se propone la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el cual es presidido por Javier Juárez, quien solicitó un presupuesto de mil 680 millones de pesos para su funcionamiento en el próximo año.
Por su parte, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que tienen preparada una reserva respecto a la reforma para la creación de una agencia antimonopolios que una las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones al igual que de la Comisión Federal de Competencia Económica: “Se creará una superagencia antimonopolios ante el daño que están haciendo todos aquellos que tienen el control del mercado”, señaló para el diario El Universal.
Esas iniciativas son parte de las 20 propuestas de reforma que propuso el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por Abraham Pensamiento
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