La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que el gobierno mexicano rechazó el reporte del Comité Contra Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por considerar que el documento contiene “graves deficiencias” en su análisis y una “interpretación inadecuada” de los estatutos internacionales sobre la desaparición forzada.
El rechazo se origina por la metodología utilizada por aquel Comité ya que su estudio solo analizó aquella problemática en cuatro estados de la República durante el periodo de 2009 y hasta 2017.
Sheinbaum criticó que los resultados de esa etapa, correspondientes a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fueran extrapolados indebidamente para proyectar una situación crítica hasta el año 2025.
Además de las inconsistencias estadísticas, el gobierno Federal cuestionó la validez jurídica del informe, pues según subrayó la Mandataria, la definición de desaparición forzada, de acuerdo con la propia ONU, implica al Estado como el ejecutor de la represión contra el pueblo por motivos políticos.
Ante la decisión del comité de remitir el caso de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para solicitar apoyo internacional, el gobierno señaló que el organismo ignoró los avances legislativos y operativos presentados por las autoridades mexicanas desde 2018, incluyendo la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
“No fueron consideradas las acciones que hemos hecho y no tiene nada que ver con los colectivos, la solidaridad con los familiares buscadores y el trabajo que hacemos de la alerta y erradicar el delito de la desaparición vinculado con la delincuencia organizada”, señaló.
Adelantó que las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación explicarán los motivos técnicos del rechazo, y buscará establecer una comunicación directa con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para exponer formalmente la postura de México y corregir lo que consideran una visión distorsionada de la situación nacional. (Redacción)
