La primera elección judicial en la historia reciente de México fue todo un éxito, pese al clamor de opinólogos, la derecha, periodistas y académicos que por razones políticas llamaron a no votar, no obstante el desprestigio de jueces, magistrados y ministros cercanos a los poderes fácticos, la riqueza inexplicable y la corrupción que con frecuencia se ventilan en la prensa.
La elección fue un éxito porque en 100 años, la actuación de los juzgadores no se había discutido en todos los ámbitos del quehacer social, ni los poderes de la Unión se habían involucrado en esa aventura de enormes proporciones.
Por primera vez, el desempeño judicial fue tema de conversación entre millones de mexicanos. Millones nos preguntamos qué hace un juez, magistrado o ministros. Decenas de funcionarios salieron a la luz pública, porque se opusieron a la reforma, porque la apoyaron o decidieron ser candidatos. Cientos de miles se involucraron en desvelar la cultura opaca y oculta de las actuaciones judiciales. Muchos otros acudieron a las urnas convencidos de la urgencia por cambiar el modo de impartir justicia, sobre todo aquellas víctimas de la mala actuación de funcionarios. Ese fue su mayor logro, que entre los ciudadanos crecieran el interés y conocimiento de la cultura judicial.
¿Baja afluencia en las casillas? Sí, pero ese aspecto siempre estuvo en el convencimiento de propios y ajenos por la polémica entre promotores y opositores, desde que en 2024 Andrés Manuel López Obrador propuso la elección de jueces, magistrados y ministros, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal.
Otra razón de la escasa asistencia: lo complejo del llenado de las boletas y los muchos candidatos de los cuales habría que conocer su trayectoria.
La reforma al Poder Judicial venció a quienes también desde las instituciones judiciales y fuera de ellas, obstaculizaron y boicotearon el proceso, comenzando por la mayoría de ministros y su presidenta, Norma Piña, oponiéndose a que los cambios llegaran a buen puerto.
La derecha volvió a fracasar en su intento por contener al tsunami de la 4T, ahora en este terreno. Muchas voces, desde las plataformas digitales, la televisión, la prensa escrita y la radio, desacreditaron la revolución judicial que ya se avecinaba. El fantasma de “la farsa” sólo prosperó entre los suyos, los de siempre, una minoría defensora de los poderes fácticos.
Revisar en las urnas al Poder Judicial es uno de los actos más transparentes y democráticos al que debe aspirar una sociedad, porque las resoluciones que emanan de esas instituciones impactan en la vida de los habitantes de un país en casi todos los órdenes de la vida: económica, política, educativa, social y de bienestar.