Dolores Padierna Luna
Por primera vez en la historia de México, la ciudadanía podrá elegir por voto directo y secreto a las personas juzgadoras que componen el Poder Judicial de la Federación.
Se trata de 881 cargos a nivel federal que incluye personas ministras de la SCJN, de las Salas Superiores y Regionales del TEPJF, las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de Circuito, así como las personas juzgadoras de Distrito.
Desde 1824 nuestro país, se basa en la división de poderes, dos de los cuales se han logrado votar de forma directa. Sólo el Poder Judicial permanecía bajo procesos de designación por parte del Senado, o bien, por procesos internos que carecían de transparencia, claridad y equilibrios.
En esencia, este poder se encarga de la administración de la justicia entendida desde la filosofía griega, como la voluntad de dar su derecho a cada persona; se relaciona con la esfera de libertades y obligaciones que les permitan a todas y todos su realización integral basada en relaciones de igualdad.
Lo anterior no sólo implica procesos administrativos avalados por la norma, sino un sistema de voluntad y virtudes intelectuales y morales que acompañen este complejo proceso de toma de decisiones.
Bajo este esquema, si bien las personas juzgadoras no son representantes de sectores de la población, sí deben reflejar los principios y valores de la sociedad democrática, así como fortalecer un vínculo que garantice una impartición de justica cercana al pueblo, empática y que responda a la realidad.
Por décadas hemos experimentado un sistema de justicia que ha tomado decisiones desde una cúpula lejana a la realidad del pueblo, caracterizada por salarios exorbitantes y prácticas opacas. Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa un cambio de paradigma judicial que ofrece una gestión de la justicia cercana y transparente.
No se trata de partidizar este poder, sino de devolverle al pueblo un vínculo cercano con los impartidores de justicia a través de democratizar los procesos de su integración y fortalecer la legitimidad de estas instituciones judiciales.
Del 30 de marzo al 28 de mayo las y los aspirantes al poder judicial podrán presentarse con la ciudadanía, exponer su visión y experiencia para estos cargos. Es importante destacar que no tendrán financiamiento público, por lo que no representa un gasto extra para el país.
Uno de los principales retos es informar al pueblo sobre el proceso, invitarlo a participar y a formar parte de esta profunda transformación. Al respecto, afortunadamente el Tribunal Electoral rectificó el acuerdo del INE que limitaba a diversas autoridades para la promoción de esta elección.
Diversos actores y grupos ahora pueden promocionar el voto con fines informativos y educativos. Es hora de romper el silencio institucional y garantizar la participación de la ciudadanía bajo los principios de equidad e imparcialidad.
Seamos protagonistas de una vida democrática, impulsemos una transformación profunda por la justicia y salgamos a votar este próximo domingo 1 de junio.
*Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
