Agustín Pineda
El arribo de la doctora Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República marca un momento de renovación política, cargado de expectativas sociales sobre la posibilidad de un proyecto que redefina el rumbo del país.
En este contexto, los medios públicos de comunicación se enfrentan a retos fundamentales para consolidarse como plataformas verdaderamente independientes, comprometidas con la formación y la educación de la población, diferenciándose de las empresas privadas, cuyo modelo responde principalmente a intereses comerciales o de influencia política. Bajo el marco de un nuevo gobierno, la función de los medios públicos se vuelve esencial para garantizar el pluralismo informativo, la participación democrática y la cohesión social.
Son estos medios —especialmente las televisoras y radiodifusoras con sus respectivas plataformas digitales como streaming y podcasts—, los que pueden ofrecer contenidos de calidad que fomenten la reflexión crítica, la diversidad cultural y el acceso a la información sin censura ni sesgos. Sin embargo, lograr esta independencia editorial no es una tarea sencilla, requiere de políticas claras, financiamiento adecuado y una gestión libre de interferencias políticas que asegure su autonomía.
En este sentido, los medios públicos tienen la obligación de informar y educar, no sólo de entretener. Su misión no se limita a ser altavoces del gobierno en turno, sino que deben operar como espacios de debate crítico y de difusión de ideas plurales que reflejen las preocupaciones y necesidades de la sociedad en su conjunto.
La responsabilidad que asumen es doble: brindar información objetiva, veraz e independiente, y promover una ciudadanía activa que participe de manera informada en la vida democrática del país. Este mandato constitucional se sostiene en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan el derecho a la información y la libertad de expresión.
Por ello, los medios públicos no deben sucumbir a las tentaciones del poder político ni a las presiones de intereses privados; su razón de ser radica en el servicio a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables y menos visibilizados. En el contexto sociopolítico actual de México, el papel de los medios públicos adquiere una relevancia que va más allá de la mera oferta de entretenimiento o información.
La figura de servicio público no solo es una opción institucional, sino una alternativa para la población. Mientras que los medios privados priorizan la lógica del mercado, su dependencia de anunciantes y su alineación con intereses empresariales o políticos, suelen distorsionar el sentido de lo que significa la información pública: garantizar a la ciudadanía el acceso a información objetiva, plural y relevante para la toma de decisiones.
Es una realidad incuestionable que en México gran parte de los medios privados operan bajo un modelo de negocio sustentado en la maximización de audiencias y la búsqueda de rentabilidad inmediata, donde el contenido noticioso y de opinión se convierte en un producto más. La necesidad de mantener altos niveles de audiencia obliga a estos medios a priorizar el espectáculo por encima de la profundidad, relegando el análisis crítico a segmentos marginales, si no es que omitiéndolo por completo.
En esta dinámica, las narrativas que generan mayor impacto emocional, como los casos de violencia extrema o la criminalización de ciertos sectores, se privilegian por sobre temas complejos como la desigualdad estructural, la corrupción, la inseguridad o la crisis ambiental. Por ello, el resultado es una oferta informativa profundamente limitada, donde las agendas mediáticas son dominadas por tópicos de corta vigencia o contenidos superficiales.
Esto perpetúa la desinformación e impide que la población comprenda los procesos sociales en su totalidad. La concentración del poder mediático en pocas manos además reduce la diversidad de voces, alineando los mensajes a los intereses de las élites políticas y económicas. En este contexto, los medios públicos deben posicionarse como una verdadera alternativa, capaces de romper con este modelo de negocio y ofrecer a la sociedad contenidos que no estén subordinados al mercado ni a las presiones políticas.
La lógica comercial y el riesgo del sesgo informativo.
Uno de los problemas más graves de los medios privados es su tendencia a abordar los hechos desde una perspectiva sesgada, en función de las relaciones que mantienen con actores políticos o económicos. Es común observar cómo estos medios ejercen una especie de autocensura velada, evitando la cobertura crítica de empresas o personajes poderosos que figuran entre sus anunciantes.
El espacio mediático se convierte, así, en un terreno restringido, donde los temas fundamentales para la sociedad mexicana —como la pobreza, la violencia de género o la promoción y respeto de los derechos humanos— son relegados a un segundo plano, si es que se abordan. Además, la dependencia de la publicidad es un factor que compromete aún más la independencia editorial de los medios privados: basta recordar el reality “La casa de los famosos”.
Ante esta situación, los medios públicos deben representar una barrera contra la mercantilización de la información. No están obligados a competir por audiencias ni a depender de anunciantes, lo que les otorga una libertad única para enfocarse en la calidad de los contenidos, la diversidad de voces y la investigación de largo aliento. Esta independencia es esencial en un país donde las estructuras de poder buscan constantemente influir en la narrativa pública.
Otra de las críticas fundamentales hacia los medios privados es su tendencia a reducir los temas complejos a narrativas simplistas o espectaculares. En un afán por atraer audiencia y competir en un mercado saturado, se priorizan titulares sensacionalistas que apelan a las emociones del espectador, pero que no ofrecen contexto ni profundidad. Así, la cobertura de temas como la seguridad pública, la migración o la política suele caer en el maniqueísmo, presentando al espectador únicamente una versión polarizada de la realidad: buenos contra malos, víctimas contra victimarios, gobierno contra oposición.
Esta simplificación de la agenda pública no es inocente. Al evitar análisis estructurales que cuestionen el orden económico o político, los medios privados contribuyen a normalizar las desigualdades y perpetuar los problemas sociales. La ausencia de una mirada crítica hacia los procesos históricos y económicos permite que ciertas narrativas se mantengan inalteradas, como la idea de que el progreso económico depende exclusivamente de las inversiones privadas, sin cuestionar los costos sociales o ambientales que esto conlleva. Los medios públicos, en contraste, tienen la responsabilidad de ofrecer una alternativa informativa que aborde los problemas desde múltiples ángulos.
Pueden y deben ofrecer programas que expliquen las causas profundas de la desigualdad, la violencia, la discriminación, el cambio climático, entre otros temas, que permitan que la ciudadanía comprenda la complejidad de estos fenómenos y participe activamente en su solución. En este sentido, la figura de servicio público no es sólo una opción dentro del ecosistema mediático, sino una condición necesaria para la salud de la democracia.
Hacia un modelo de medios públicos al servicio de la población
Para que los medios públicos se mantengan como una alternativa real frente a los medios privados, es imprescindible que fortalezcan su independencia editorial y su capacidad de llegar a las audiencias con contenidos relevantes y accesibles. Esto no significa ignorar las dinámicas de consumo actuales ni renunciar a formatos atractivos, pero sí implica redefinir las prioridades: en lugar de buscar audiencias masivas, reitero, deben fomentar la participación ciudadana y la reflexión crítica.
Además, es necesario que los medios públicos adopten un rol más proactivo en la promoción del pluralismo. Esto implica no sólo dar espacio a las voces disidentes, sino activar mecanismos de participación comunitaria que permitan a las audiencias ser parte de la producción de contenidos. La incorporación de lenguas indígenas, enfoques de género y perspectivas regionales es clave para garantizar que estos medios reflejen verdaderamente la diversidad del país.
Otro aspecto central es la necesidad de que los medios públicos asuman una función pedagógica en la construcción de audiencias críticas. En un entorno donde la desinformación se ha convertido en un problema grave, los medios públicos pueden desempeñar un papel fundamental en la alfabetización mediática, enseñando a las audiencias a distinguir entre información veraz y noticias falsas, así como a interpretar críticamente los discursos que consumen.
Para que los medios públicos puedan responder a las expectativas sociales en esta nueva etapa, es necesario que cumplan con cuatro principios fundamentales: Independencia editorial y pluralismo informativo. Los medios públicos no deben operar como portavoces gubernamentales ni reflejar la agenda del poder en turno. La independencia editorial debe ser garantizada mediante estructuras de gobernanza claras, como consejos ciudadanos y organismos de supervisión autónomos, que velen por la imparcialidad y la calidad de los contenidos.
Promoción de la cohesión social y la diversidad cultural. Estos medios tienen la capacidad de convertirse en espacios de encuentro para todas las voces de la sociedad, especialmente aquellas que no encuentran representación en los medios tradicionales. De ahí que puedan ofrecer foros para la expresión de minorías, sectores vulnerables y comunidades indígenas, fomentando la pluralidad y los valores democráticos como la tolerancia y el respeto por las diferencias. Educación y enriquecimiento cultural.
El marco normativo vigente obliga a los medios públicos a desempeñar un papel protagónico en la difusión de contenidos educativos y culturales que contribuyan al desarrollo integral de la ciudadanía. Esto implica no sólo ofrecer programas que fomenten el conocimiento de la historia, las tradiciones y el arte mexicano, sino también adoptar formatos innovadores que resulten atractivos para audiencias jóvenes, como el uso de redes sociales, streaming y podcasts. Acceso universal y cobertura regional. Uno de los desafíos más importantes es garantizar que los contenidos de los medios públicos lleguen a todas las regiones del país, especialmente aquellas zonas marginadas donde los medios privados tienen poca o nula presencia.
Las plataformas digitales representan una oportunidad para acercar estos contenidos a nuevas audiencias, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente para los mexicanos en el extranjero. A juicio del que escribe, Canal Once, administrado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), es uno de los ejemplos más representativos de un medio público comprometido con la educación y la cultura. Sin embargo, enfrenta el reto de modernizar sus contenidos sin perder su esencia educativa.
La incorporación de formatos más inclusivos, que atraigan a las generaciones jóvenes, es fundamental para que el canal mantenga su relevancia. Canal 22, con su enfoque cultural, ha jugado un papel clave en la difusión de expresiones artísticas y culturales. No obstante, debe evitar ser percibido como un medio elitista y abrirse a contenidos más populares con enfoque cultural, como documentales sociales y programación que refleje los desafíos del México contemporáneo.
El Instituto Mexicano de la Radio (IMER), por su parte, tiene una red de estaciones en todo el país que podría convertirse en un canal esencial para difundir información y promover la identidad cultural en comunidades rurales. Adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo —como la preferencia por podcasts que ya lo está impulsando— es un paso necesario para seguir siendo relevante en esta nueva era. Asimismo, el IMER debe reforzar su compromiso con la pluralidad editorial, asegurando que su programación refleje la diversidad de opiniones y realidades del país.
En el caso de Radio Educación, uno de los medios más antiguos de México, su reto es ampliar su oferta programática con contenidos bilingües y en lenguas indígenas, alineándose con los principios de inclusión y respeto por las minorías culturales y lingüísticas. Finalmente, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) tiene la misión de consolidar un espacio mediático que represente a toda la ciudadanía. Su desafío principal es garantizar la accesibilidad universal a contenidos públicos y asegurar que su oferta refleje la diversidad del país.
En conclusión, un país como México, donde los intereses comerciales y políticos tienden a dominar la narrativa pública, es indispensable que los medios públicos se consoliden como una alternativa real, plural y crítica. Su existencia no es un lujo ni un complemento dentro del ecosistema mediático, sino una condición necesaria para garantizar el derecho a la información y fortalecer la democracia.
El desafío no es menor: requiere voluntad política, financiamiento adecuado y una gestión transparente que evite interferencias del poder en turno. Solo de esta manera, los medios públicos podrán cumplir con su misión de informar, educar y promover la participación activa de la ciudadanía, ofreciendo contenidos que no se subordinen ni a los intereses del mercado ni a los caprichos del poder político.
Exsubprocurador Federal del Consumidor, abogado y analista
