Mesa de redacción
El repentino retiro de Emilio Azcárraga Jean como presidente del Consejo de Administración de Televisa conmocionó al empresariado de la radiodifusión local e internacional, no tanto por la decisión interna de esa separación, sino por las razones de fondo: la investigación que realiza el departamento de justicia estadunidense en contra de la empresa por presuntos sobornos a directivos de la FIFA para obtener derechos de transmisión de mundiales de futbol, incluido el que se realizará en México en 2026.
La indagatoria en curso desde hace varios años, resultó tan preocupante para el consorcio que obligó a Azcárraga a abandonar, al menos temporalmente, -se dijo-, la conducción del emporio, después de 27 años de heredarlo de su padre Emilio Azcárraga Milmo y que fundara su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Aquella dimisión llega en el peor de los momentos para Televisa, cuando busca consolidar su asociación con la estadunidense Univision; debe enfrentar el diseño de negocios y la infraestructura para la cobertura del mundial de 2026 y busca mantener a flote su canal Vix, luego de fracasar con Blim.
Pero a Tv Azteca, no le va mejor con el déspota Ricardo Salinas Pliego, acostumbrado a sacar ventaja con chicanadas a sus acreedores o socios. Sus deudas no pagadas con inversionistas volvieron a ser noticia, después de que los fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management denunciaron al Estado mexicano por los adeudos del arrogante empresario, alegando que una decisión judicial en México otorgada a la empresa de Ricardo Salinas, lo protege para no cobrarle la deuda.
Y, es que en una polémica decisión, -una más del poder Judicial-, el Juez 63 de lo Civil de la Ciudad de México, Miguel Ángel Robles, emitió una medida cautelar para evitar que los acreedores de TV Azteca puedan cobrar la deuda de bonos que la compañía tiene desde 2017. Los acreedores estadounidenses presentaron una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, que derivó ahora en el reclamo al Estado mexicano. Desde luego que las autoridades federales de México descartaron asumir la deuda, y por el contrario responsabilizaron, al poder judicial por proteger al magnate que despacha sobre periférico.
Por lo pronto, Salinas Pliego ha librado las resoluciones pendientes en la Suprema Corte sobre sus enormes deudas con el SAT, más de 60 mil millones de pesos, por omisiones de la todavía ministra de la Suprema Corte, Norma Piña. Atestiguamos cómo los otrora poderosos consorcios de la radiodifusión, hacen negocios que resultan turbios que derivan en demandas internacionales aboyando aún más su deteriorada imagen; o aplican chicanadas para amasar fortunas, además de evadir el pago de impuestos, aunque sus presentadores de noticias o de espectáculos sonrían a sus audiencias
