Rafael Maya
En 2014, Roberto Flores Valdez fue secuestrado en Reynosa, Tamaulipas, y desde entonces nadie volvió a saber de él. Hoy su hermana Delia es candidata a jueza de Distrito en Materia Mixta, en Sinaloa, y es vocera del “Colectivo 10 de Marzo”, integrado por familiares de personas desaparecidas.
En caso de ganar el cargo, la abogada Flores adelanta que impartirá justicia “de puertas abiertas”, cercana a la gente, con el objetivo de combatir la impunidad y lograr la reparación del daño para las víctimas del delito.
Entre los centenares de candidatos (as) que recorren las calles del país en búsqueda del voto ciudadano, sorprende la candidatura de usted, Delia Icela Quiroa Flores Valdez, ¿qué la motivó a ser candidata al cargo de juez?
-Soy una mujer que busca a personas derivado de la desaparición de mi hermano desde hace ya más de 10 años, y es por lo que al defender los derechos humanos de personas desaparecidas y sus familias, es que me convertí en activista.
-¿Cómo realiza su campaña?
-Estoy haciendo campaña de acuerdo con los lineamientos que dictó el Instituto Nacional Electoral. En mi caso sin querer me ha favorecido, porque no son muchas actividades y no podríamos hacer más. Además, en Sinaloa las personas no andan mucho en las calles por la violencia que impera en estos momentos. Me dio a conocer en mis redes sociales y, cuando hay condiciones, con el volanteo.
-¿Qué dificultades enfrenta para difundir su mensaje?
-La violencia que impera en Sinaloa es mi mayor obstáculo. Las personas no salen más que a trabajar, llevan a sus hijos a la escuela, se abastecen de despensa. Eso será un obstáculo para que las personas salgan a votar el 1 de junio. -¿Cuenta con recursos para sufragar la campaña? -No. Tuve que vender un carro para hacer volantes y tener cómo transportarme; compro despensa y hago lonche para comer mientras me encuentro volanteando.
-¿Por qué busca ser jueza en un Distrito en Sinaloa y no en Tamaulipas, en donde usted vivió y donde desapareció su hermano en 2014?
-Más que nada, por seguridad de mi familia y la mía, y de mis compañeras del colectivo. No quiero “patear el avispero” porque he recibido amenazas de autoridades en Tamaulipas en varias ocasiones por denunciar públicamente secuestros perpetrados por elementos de la policía estatal en contra de personas tamaulipecas y por el caso de “La Bartolina” (un campo de exterminio en el estado). No me sentiría a gusto de retornar a vivir en Tamaulipas. Estaría muy intranquila mandando a mis hijos a la escuela allá. Además, considero que habría un conflicto de interés porque la mayoría de autoridades que tengo demandadas en juicios de amparo y órganos de control interno están en Tamaulipas. Y elegí Sinaloa porque yo nací en Culiacán y tengo familia acá.
-Como candidata a jueza y como buscadora de personas desaparecidas, ¿cuáles son los principales pendientes y retos para que el sistema judicial brinde mejor justicia y garantice la reparación del daño a las víctimas de desaparición forzada?
-Principalmente la falta de voluntad y vocación de servicio. La mayoría de las autoridades, incluidos los jueces y juezas de Distrito, se escudan en que no les pagan lo suficiente o que no cuentan con los recursos humanos y materiales para desempeñar su trabajo con debida diligencia. En el peor de los casos se sinceran con nosotros y nos confiesan que están amenazados y no pueden ayudarnos, aunque quisieran.
-¿Usted qué haría para contrarrestar aquellas anomalías?
-Aplicar la ley y haciendo que las autoridades abusivas la respeten mediante sanciones como la inhabilitación pública y la cárcel, porque si hay impunidad para este tipo de autoridades, se seguirán violando los derechos fundamentales de las personas. Los jueces de Distrito tienen el poder de corregir y sancionar la actuación de las autoridades (aunque) éstas digan que “perro no como perro”. Es decir, no se dañan entre ellos aunque no se conozcan. Suponen que alguna vez se necesitarán. Eso nos dicen siempre.
-¿Cuáles son las funciones de este cargo dentro del Poder Judicial?
-La función principal de un juez o jueza de Distrito es proteger los derechos humanos de las personas ante abusos, negligencias u omisiones de las autoridades. En el caso de los juzgados mixtos, el juez o la jueza pueden conocer todas las materias que involucran al derecho ante abusos. Por ejemplo en los rubros constitucional, administrativo, migratorio, fiscal, civil, laboral, mercantil, agrario o ecológico. Un juez o jueza de Distrito puede intervenir en cualquier clase de abuso de autoridad, desde una multa hasta casos de bullying en las escuelas, aunque sean privadas, por mencionar algunos ejemplos.
-Tamaulipas y Sinaloa figuran entre los estados más violentos del país por la presencia de cárteles del narcotráfico, ¿La elección de juzgadores ayudará a que estos impartan mejor justicia, a que se defiendan los intereses de la sociedad y no de los grupos criminales?
-Creo que van a ser más los que defiendan los intereses de grupos criminales y de los políticos, porque la reforma judicial está mal hecha, y no hay transparencia. En mi caso, me sorprendió que me dejaran llegar tan lejos. Jamás pensé que tendría la oportunidad de contender, y menos porque varias autoridades saben que yo defiendo a víctimas provocadas por las autoridades del Gobierno, (además) las tengo demandadas y si soy jueza de Distrito, los obligaría a respetar los derechos que favorecen a los ciudadanos, o de lo contrario aplicaría las sanciones que prevé la Ley de Amparo.
-¿El sistema judicial debe tener perspectiva de género y priorizar los derechos de las víctimas del delito?
-Claro, de hecho, ya está previsto en algunas leyes, como en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, pero ese es precisamente el problema, que las autoridades encargadas de atender a las víctimas no respetan los derechos de las y los compañeros.
-¿En qué consisten esas dos visiones?, ¿esto no afecta la imparcialidad en la impartición de justicia?
-La perspectiva de género busca restablecer la dignidad de las mujeres ante la sociedad mediante conceptos de igualdad, ya que somos un grupo discriminado históricamente, y se nos debe dar la oportunidad de ocupar cargos que estaban sólo reservados para los hombres. De acuerdo con nuestras leyes, no afecta la imparcialidad e impartición de justicia, si lo que se hace valer es un derecho ya establecido en un código. Si un juez o jueza de Distrito actúa con el marco legal para hacer respetar los derechos de las personas, no se cometería ninguna falta.
-¿En qué ha fallado el Poder Judicial?
-El problema de origen viene desde los congresos, tanto federal como locales, porque los jueces y juezas realizan su trabajo de acuerdo con lo que se aprueba en las cámaras de Senadores y Diputados. Son ellos quienes aprueban las leyes que definen la actuación de todos los servidores públicos a nivel federal y estatal. Pero también derivado de la reforma constitucional de 2011, se adicionaron figuras jurídicas donde los jueces pueden aplicar principios generales de derecho para utilizar siempre la ley que más favorezca a los ciudadanos, cuando se trata de violaciones a sus derechos humanos. Los juzgadores han fallado a la ciudadanía con la excusa de que sólo se rigen por lo aprobado por los legisladores.
-¿Cuál es su propuesta para tener un Poder Judicial más cercano a los intereses de la colectividad?
-Principalmente contacto con los ciudadanos, darles una atención digna, orientarlos para resolver sus problemas. Mi propuesta es un juzgado de puertas abiertas en donde sí se reciba y se escuche a la gente. Otra propuesta es que se haga valer la ley y existan en los juzgados áreas de cómputo en donde se les enseñe y asista técnicamente a las personas, y se actualice el juicio de amparo en línea, que es la modalidad a la que están transitando la mayoría de los juzgados de Distrito para tramitar y resolver los conflictos.
-¿Qué llamado haría a la ciudadanía para que el próximo 1 de junio vote por candidatas o candidatos comprometidos a transformar el Poder Judicial?
-Que la ciudadanía vote por personas que realmente, se comprometan a defender los derechos de las personas ante abusos de autoridad. Es importante salir a votar para que si detectamos irregularidades o trampas, poder impugnarlas ante el INE. Si no participamos, no tendríamos derecho a reclamar.
