Rafael Maya
Quienes hoy aparecen en las boletas como candidatos a puestos del poder Judicial pasaron todo tipo de pruebas: experiencia profesional, conocimientos, sorteos y un ambiente polémico, y sin embargo algunos de ellos están siendo descalificados por su controvertido desempeño; resoluciones más políticas que judiciales; probables encubrimientos o como defensores del crimen organizado y de los poderes fácticos.
Esos aspirantes quieren ser jueces, magistrados o ministros pero su pasado los señala como poco confiables porque de los nuevos funcionarios judiciales, se espera probidad, y aunque no son muchos entre los más de tres mil candidatos (as), las advertencias en su contra resultan preocupantes, por lo que periodistas y organizaciones sociales pidieron a la ciudadanía no votar por ellos, mientras que el Senado adelantó que impugnará a esos aspirantes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aquí una relación de los candidatos señados cuya información ha sido generada en diversos medios de comunicación locales o regionales: Marisela Morales, extitular de PGR con Calderón En 2011, en la parte final del sexenio de Felipe Calderón, Marisela Morales Ibáñez quedó al frente de la Procuraduría General de la República, y se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo. En esta ocasión, ella aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En 2013, según información de la revista Proceso, Morales fue señalada de haber reclutado a testigos protegidos para implicar en el narcotráfico a políticos como Andrés Manuel López Obrador y a Enrique Peña Nieto, cuando fue titular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
De los más recientes señalamientos en su contra es la supuesta cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso por narcotráfico en Estados Unidos, lo cual ella ha negado.
Dora Alicia Martínez, la “candidata de Televisa”
Dora Alicia Martínez Valero fue integrante del PAN, y desde 2016 es directora de Asuntos Electorales de Grupo Televisa, del magnate Emilio Azcárraga Jean.
En el ámbito gubernamental, Martínez Valero ocupó varios cargos importantes durante el sexenio de Calderón, incluyendo el de directora de Enlace Legislativo en la Secretaría de la Función Pública, y coordinadora de Asesores en la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
La candidata es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con estudios en Derecho por la UNAM y es especialista en derecho electoral al igual que en derechos humanos.
Sin embargo, el analista y académico, maestro en comunicación, Gabriel Sosa Plata, advirtió que de llegar a la SCJN, Martínez Valero apoyaría los intereses de la televisora.
Magda Zulema Mosri Gutiérrez, esposa de Macedo de la Concha
La actual magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien busca ser ministra de la Corte, despertó suspicacias en redes sociales por ser esposa de Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR en el sexenio de Vicente Fox e impulsor del desafuero contra López Obrador en 2005, con la intención de retirar al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México de la contienda presidencial del año siguiente.
Incluso el columnista Claudio Ochoa vinculó a Mosri con el expresidente de la Corte Arturo Zaldí var, como parte de una red de influencias en el Poder Judicial para controlar las candidaturas. El periodista sugirió que su cercanía con Zaldívar le garantizaría a la candidata un “visto bueno” en la contienda.
Andrés Montoya García, vinculado a desaparición de un periodista
La asociación civil Defensorxs alertó que el candidato a magistrado penal Andrés Montoya García sería el autor intelectual de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida en Sonora, en 2005.
El periodista del diario El Imparcial investigaba presuntos nexos de funcionarios del gobierno sonorense con el crimen organizado. Como parte de las investigaciones por la desaparición de Jiménez Mota, Andrés Montoya, quien en ese momento era subdirector del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, reconoció haberse reunido con el reportero poco antes de su desaparición.
No obstante, en años posteriores, Montoya García, “El Montoyita”, hermano del candidato a magistrado y agente de la Policía Judicial del Estado, fue señalado como autor material del crimen y de tener nexos con la delincuencia organizada. Este personaje fue asesinado el 7 de septiembre de 2006.
A pesar de estos antecedentes y diversas menciones en investigaciones periodísticas, Andrés Montoya García nunca ha sido formalmente implicado o procesado por el caso. Por ello, Defensorxs alerta que de ganar la candidatura, Montoya protegería a autoridades vinculadas con la desaparición de personas.
Ligados a la Iglesia de la Luz del Mundo
Otros candidatos polémicos son cuatro aspirantes que tienen vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo dirigente, Naasón Joaquín García, está preso en EU por abuso de menores.
Precisamente, víctimas de los abusos de García solicitaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que cancelara estas cuatro postulaciones.
Un candidato es Job Daniel Wong, quien fue ministro de culto en la congregación religiosa y ahora aspira a ser magistrado de Circuito por Jalisco. A finales de abril pasado, el TEPJF avaló la postulación de Wong Ibarra con el argumento de que ser ministro de culto no es un motivo para descalificar su candidatura.
También ha sido impugnada Madián Sinaí Menchaca Sierra, quien busca ser jueza de Distrito en Materia Administrativa en el Tercer Circuito de Jalisco y es hija del obispo Nicolás Menchaca, actual líder de la secta y acusado ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y tráfico de personas.
Igualmente es señalada Betzabeth Almazán, quien aspira a ser jueza de Distrito y ha publicado artículos para defender la supuesta inocencia de Joaquín García.
Por último, Cinthia Teniente es candidata a magistrada de Circuito en Guanajuato y al mismo tiempo es alcaldesa del municipio de Villagrán, en el mismo estado. Ella es esposa de Emmanuel Reyes, un político morenista cercano a la Iglesia de la Luz del Mundo.
Defensores de criminales
Desde 2024, durante las conferencias Mañaneras del entonces presidente López Obrador se denunció a diversos jueces que solían actuar durante los fines de semana, en los llamados “sabadazos” -cuando la atención mediática es menor-, para beneficiar con sus sentencias a delincuentes presos.
Ahora, varios de ellos están en campaña para la elección judicial del primero de junio. Por ejemplo, Diana Montserrat Partida -actual candidata a jueza penal en la CDMX- fue mencionada tres veces en la conferencia Mañanera durante el sexenio pasado. La primera, el 23 de julio de 2024, cuando el entonces subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, señaló a “jueces que favorecen a narcotraficantes”.
En otra ocasión, Montserrat Partida fue recriminada por ordenar la liberación anticipada de Marcelino Ticante Castro, “El Fantasma”, quien fue acusado de ser uno de los operadores del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en EU.
También está en campaña, el juez Conrado Alcalá Romo, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, quien en febrero de 2024 desechó una orden de aprehensión contra Héctor “El Güero” Palma, fundador del Cártel de Sinaloa.
Igualmente, Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez de Distrito en Materia Penal por Nuevo León, fue abogado de criminales como Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, y Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, ambos extraditados a EU y en proceso de ser juzgados. En 2016, Escamilla fue detenido en primera y segunda instancia por el delito de portación ilegal de arma de fuego.
En tanto, la organización Defensorxs acusó a la abogada Silvia Rocío Delgado García, candidata a jueza en Materia Penal en Chihuahua, de estar ligada a “El Chapo” Guzmán, por lo que clasificó su candidatura como “altamente riesgosa” por presuntamente haber defendido a un narcotraficante.
Y es que Delgado García se integró al equipo de defensa de “El Chapo” en agosto de 2016, siete meses después de haber sido capturado por tercera vez en México. Aunque en su currículum no hay datos sobre este hecho, la abogada compartió imágenes en Facebook sobre la audiencia del capo sinaloense.
Al candidato José Avelino Orozco Córdova se le acusó de resolver siete causas penales contrarias a “los intereses de la justicia” en 2023. Esa decisión obligó al Ministerio Público a liberar a delincuentes detenidos, aun cuando se tenían suficientes elementos para mantenerlos en prisión.
Por su parte, a Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX -y que quiere repetir como juzgador-, se le exhibió durante una mañanera por conceder un amparo a José Rodolfo Villarreal Hernández, “El Gato”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva. Liberaron a personajes políticos y abogados corruptos Finalmente, están aquellos juzgadores que beneficiaron con sus sentencias a personajes de la política y abogados polémicos, y que ahora están en campaña para buscar mantenerse en el Poder Judicial mediante el voto ciudadano.
Entre ellos está Carlos López Cruz, candidato a juez en la CDMX, quien absolvió en 2013 a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, por el delito de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos.
Otro aspirante es Gustavo Aquiles Villaseñor, quien otorgó la libertad al abogado Juan Collado, quien a su vez representó legalmente al expresidente Peña Nieto, a Carlos Ahumada -principal personaje de los videoescándalos en 2004-, y al panista Diego Fernández de Cevallos, uno de los acérrimos críticos de López Obrador.
Collado fue acusado por defraudación fiscal por casi 37 millones de pesos, por lo que la FGR había solicitado una condena de nueve años de prisión en su contra. Posteriormente, a Aquiles Villaseñor se le acusó también de defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.
En tanto, Mauricio Flores Castro, un abogado que anhela ser ministro de la Corte, ha sido señalado por
activistas que de llegar al máximo tribunal no estaría al servicio del pueblo, sino de personajes con gran poder político y económico.
Por ejemplo, se menciona que Flores Castro fue abogado justamente del polémico Juan Collado, y del empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, quien fue extraditado al país por el Gobierno de España para enfrentar un proceso penal por lavado de dinero en 2023.
En redes sociales también se ligó a este candidato incluso con el expresidente Carlos Salinas y con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya. “Está vinculado al viejo poder político-empresarial”, señalaron comunicadores independientes
