“Nuestra única aspiración era que las mujeres participáramos en las decisiones comunitarias”
Elisa Zepeda Lagunas
“Se acabaron tus sueños”, “este no es asunto tuyo”, “no te vuelvas a meter en los asuntos del pueblo”, eran las palabras de mis agresores, quienes después de arrastrarme hasta el foro del pueblo, me exhibieron frente a las personas que ahí se encontraban, a modo de aleccionamiento a las mujeres que se “atrevieran” a participar en la vida comunitaria.
Eran aproximadamente las 11:00 am del domingo 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Alrededor de 200 mujeres habíamos sido convocadas para la elección del Alcalde Municipal; por primera vez éramos mayoría y queríamos ser parte de las decisiones que dieran rumbo a nuestro municipio.
Nos encontrábamos a la espera de que otras mujeres salieran de misa y mientras nos aglutinábamos en la plaza del pueblo, vimos llegar a alrededor de 50 hombres vestidos de negro, ellos mismos se videograbaron y subieron sus fechorías a YouTube.
Llevaban armas de fuego, cohetones, machetes, palos, tubos, y comenzaron a disparar. Como pudimos corrimos para tratar de salvaguardar nuestra vida e integridad física.
Los hombres que claramente venían organizados y dirigidos por el entonces Alcalde y por su asesor político, Jaime Betanzos, ambos vinculados al PRI, quemaron negocios y automóviles. Yo alcancé a esconderme debajo de un negocio en la esquina de la plaza municipal, ahí es donde los agresores llegaron en un primer momento, me jalaron de los cabellos, me golpearon brutalmente y me torturaron frente al pueblo.
Como pude caminé hacia mi casa, buscaba alertar a mis padres, a mi hermano y resguardar a mi hija de 4 años pero llegaron ahí también y con la misma violencia nos agredieron a mi madre y a mí, Gustavo Estrada Andrade, amigo de la familia oriundo de Eloxochitlán fue asesinato en su intento por defenderme. Literalmente vi como su cabeza fue partida en dos con un machete y cómo su cuerpo cayó en el estanque.
Tanto mi madre Ma. Magdalena Lagunas Ceballos, como yo fuimos víctimas de tentativa de feminicidio, ella perdió el ojo izquierdo a raíz de las agresiones, ambas fuimos dadas por muertas.
Además de Gustavo, mi hermano Manuel Zepeda Lagunas también fue asesinado, por su asesinato se abrió el expediente 02/2015 en el que se encuentran procesados: Miguel Ángel Peralta Betanzos, sentenciado a 30 años por homicidio y 20 por tentativa de homicidio; Herminio Monfil Avendaño; Fernando Gavito Martínez; Omar Hugo Morales Alvarez; Jaime Betanzos Fuentes; Isaías Gallardo; Alfredo Bolaños Pacheco; entre otros. Bajo ese mismo expediente se investiga la tentativa de homicidio en mi contra.
Por el asesinato de Gustavo Estrada Andrade, se abrió el expediente 55/2014. Por la tentativa de homicidio con agravantes de premeditación y ventaja contra mi madre, se abrió el expediente penal 04/2015 y por los daños, robo e incendio de bienes muebles e inmuebles se abrió el expediente 16/2016.

Si bien han pasado 11 años de ocurridos los hechos, ni mi hermano Manuel Zepeda Lagunas, ni Gustavo Estrada Andrade, mi madre Ma. Magdalena Lagunas Ceballos, ni yo como víctimas directas, hemos obtenido justicia.
Al contrario, los agresores y sus familias, buscan sorprender a las personas, autoridades, organizaciones sociales y medios de comunicación, haciéndose pasar por “presos políticos”, cuando en realidad son responsables de la comisión de delitos graves.
Argumentan ser objeto de abusos de autoridad, sin embargo, la autoridad municipal de ese entonces y su asesor Jaime Betanzos, son quienes organizaron la agresión en contra mía y de la comunidad, por lo que fueron ellos quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y abuso de autoridad.
En aquella época yo desempeñaba actividades comunitarias como el impulso de proyectos productivos. Junto con otras mujeres nos organizábamos para exigir el derecho a viviendas dignas y nuestra participación en las decisiones comunitarias.
Fue hasta 2017, cuando tomé posesión como presidenta municipal, bajo los Sistemas Normativos Indígenas de mi comunidad, posteriormente, como Diputada local, Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca y actualmente me desempeño como Diputada local en mi estado. Sin embargo, la única exigencia que por derecho nos corresponde a las sobrevivientes, víctimas directas e indirectas de los delitos cometidos es el acceso a la verdad y a la justicia.
Tener un cargo público ha sido utilizado por mis agresores como un delito, cuando lo que hago es ejercer mi derecho a la participación política.
Permanentemente soy objeto de campañas de difamación y desprestigio por parte de mis agresores, quienes falsamente promueven discursos de odio, ahora haciéndose pasar por “presos políticos” siendo que los crímenes que cometieron, hasta la fecha han dejado impactos psicosociales en la comunidad.
Este discurso se traslada al ámbito digital, desde donde buscan colocar una versión falsa para evitar que mis agresores sean sancionados por los delitos cometidos, y contrario a ello, nos culpan a quienes somos víctimas directas de graves violaciones a los derechos humanos.
De manera cínica, los agresores argumentan falta de claridad y precisión en mis declaraciones, cuando lo que viví dejó en mí un grave impacto negativo con secuelas que prevalecen hasta la fecha, era imposible que yo pudiera recordar todo en mi declaración inicial.
Además, cuestionan y exigen evidencias de los hechos sin considerar el contexto de violencia en el que se desarrollaron, el miedo y temor de la comunidad, siendo los agresores la autoridad municipal de ese entonces. Omiten considerar el valor probatorio al testimonio de las víctimas como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no debería ser cuestionado ni minimizado, sobre todo cuando las agresiones se dieron en un contexto de violencia y discriminación hacia las mujeres.
Cabe mencionar que los agresores han difundido información falsa a través de comunicados, conferencias, de prensa, entrevistas y redes sociales, y lamentablemente, medios de comunicación las difunden como reales de manera irresponsable y sin conocer el fondo de los hechos reproducen la versión falsa que propagan los agresores, cuyo único fin es: quedar impunes.
Como defensora de los derechos humanos y activista, reivindico la importancia de ejercer nuestros derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información, pero también soy consciente que cuando ese ejercicio violenta o revictimiza a quienes hemos sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, se debe ponderar el principio pro persona, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues hoy además de exigir justicia por el doble asesinato, la tentativa de homicidio contra mi madre y en contra mía, y por los daños materiales provocados, también tenemos que defendernos de campañas mediáticas perversas, ataques de difamación, incentivación al odio en redes sociales, y hechos que constituyen violencia de género, violencia digital. Mientras sin ningún miramiento quienes ejercieron violencia feminicida, se autonombran: “defensores de los derechos humanos”, “presos políticos”, “defensores del territorio”, creando espacios supuestamente colectivos cuando en realidad son irónicamente conformados por las esposas de los agresores y por la hija del autor intelectual y material del sangriento ataque.
Es importante decir, que tanto los medios de comunicación, como las organizaciones de la sociedad civil, que hacen eco de discursos falsos contribuyen a que el tejido social de Eloxochitlán se siga rompiendo, pero también son discursos revictimizantes, que agudizan la violencia y que no contribuyen a que la verdad salga a la luz, a que haya acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas y mucho menos a que haya paz en el municipio.
Nuestro único deseo era que las mujeres fuéramos tomadas en cuenta en las asambleas comunitarias, hoy afortunadamente la paridad en México es constitucional pero es importante que quienes hemos sido objeto de violencia política en razón de género tengamos acceso a la justicia para evitar que la violencia se siga reproduciendo, y que en todo caso enviemos el mensaje de que habrá garantías de libertad y seguridad para quienes decidamos ejercer nuestros derechos.





