La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Loretta Ortiz Ahlf acusó que en las ponencias de algunos ministros laboran exsecretarios de estudio y cuenta de la anterior SCJN, por lo que se podría incurrir en posibles conflictos de interés que influyan en las decisiones de las y los nuevos integrantes del máximo tribunal.
La observación de la ministra derivó del debate sobre cobros por licencias de construcción de subestaciones eléctricas en municipios de Chihuahua, pues Ortiz Ahlf cuestionó el criterio de sus colegas que sostuvieron que la autoridad local sí puede expedir y cobrar tales derechos, sin invadir atribuciones de la Federación.
La ministra afirmó que los municipios carecen de esa facultad, ya que el artículo 27 constitucional otorga al Estado el control exclusivo del Sistema Eléctrico Nacional, criterio que —dijo— la anterior Corte intentó desconocer.
“La ley a la que alude el ministro Giovanni Figueroa es una ley inconstitucional, es de las anteriores. Yo la única explicación que le puedo dar, perdonen, es que tienen secretarios de estudio y cuenta que estaban con los anteriores ministros, y que sostenían, porque les era conveniente, muy conveniente, sostener que las facultades les pertenecían a los municipios, y no a la federación”, señaló Ortiz.
“Al invalidar la disposición normativa, este Tribunal Pleno le está impidiendo al municipio, o le estaría impidiendo al municipio, cobrar derechos por obras de particulares. Y me parece que esta decisión no tiene ni fundamento constitucional ni fundamento legal”, refutó el ministro Giovanni Figueroa.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, también rechazó los dichos de Ortiz Ahlf, pero reconoció que en la SCJN se mantiene personal que colaboró con el Pleno anterior, que concluyó funciones el pasado 31 de agosto.
“Yo también tengo mi ponencia, muchos secretarios, estudio y cuenta que son, pues ya, personas que llevan años acá, y yo la verdad reconozco el trabajo profesional que están haciendo, pero una vez que entro a este salón de Plenos, el criterio es que los errores y aciertos son de su servidor, y así lo quiero dejar asentado, porque no ocurre de otra manera, y no podía ser también de otra manera cuando estamos impulsando la autonomía y la independencia de criterio”, aclaró Aguilar.
Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías dijo que sus secretarios de estudio y cuenta “hacen un estudio técnico y, en mi caso, yo valoro ese estudio, pero la decisión de en qué sentido es que va mi voto para invalidar o no una norma es totalmente mía”.
En el mismo sentido, Giovanni Figueroa defendió a su equipo y afirmó: “Quiero resaltar que las opiniones que expresamos en este Pleno las señoras y los señores ministros —ministra Loretta— son nuestras propias ideas y criterios”.
Tras el debate, los proyectos se sometieron a votación, pero no alcanzaron los seis votos necesarios para invalidar los artículos impugnados, por lo que siguen vigentes los cobros por dichas licencias en los dos municipios chihuahuenses. En contra votaron Hugo Aguilar, Lenia Batres, Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías.
Redacción
