Manuel Tejeda Reyes*
La administración de Donald Trump marcó un hito en la política exterior hacia América Latina, no por su eficacia, sino por la rehabilitación de una rancia retórica de Guerra Fría, aplicada a un contexto de crisis humanitaria por demás compleja en Venezuela. La estrategia de “máxima presión” que utilizó su gobierno contra el régimen de Nicolás Maduro, se vendió públicamente con el lema de la restauración democrática en aquel país sudamericano, pero, en la práctica, se transfiguró para terminar siendo un asfixiante ejercicio de poder, que priorizó el espectáculo político sobre los resultados tangibles.
De inicio, al imponer sanciones económicas masivas, particularmente sobre la industria petrolera venezolana, el gobierno de Trump no solo golpeó a la élite gobernante en Caracas; también asestó un golpe demoledor a una economía ya maltrecha, cuyas consecuencias terminaron recayendo sobre los hombros de la población civil más vulnerable. En su momento esa historia, que trató de ser de suspenso, basada en el argumento: “Todas las opciones están sobre la mesa”, fue un arma de doble filo: por un lado, alimentó falsas expectativas en sectores desesperados de la sociedad venezolana y, por otro, consolidó la narrativa de la “plaza sitiada” que el gobierno de los herederos de Chávez aún utiliza para cohesionar a sus fuerzas internas y justificar la represión bajo el pretexto de la seguridad nacional.
El regreso de la vieja retórica de la Guerra Fría, sumada a una aplicación agresiva de la Doctrina Monroe, con el lema “América Primero”, fue el escenario con el cual el gobierno estadounidense ejecutó el derrocamiento de Nicolás Maduro, aunque para tristeza de quienes esperaban ver ya a María Corina Machado en el poder, lo que ocurrió finalmente fue que siguió en el mando venezolano, toda la cúpula chavista que acompañaba a Maduro antes de su caída y que continúa ejerciendo el poder con el manto del mismo discurso antiimperialista de siempre.
Aunque en los hechos le ha dado importantes concesiones al inestable e incongruente presidente Trump, quien para no variar y haciendo gala de una total incoherencia en su presunta cruzada moralista por la democracia y la lucha contra las drogas, continúa dando protección a sus aliados estratégicos, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de los mismos cargos que Nicolás Maduro, pero él sí perdonado por el inefable Trump, evidenciando con ello que el uso de la justicia transnacional fue, en toda regla, una herramienta de poder político y no un fin ético en sí mismo.
No puedo ni quiero defender a un régimen como el que tiene Venezuela. Desde mi perspectiva es innegable que, con el mandato de Nicolás Maduro, ese país experimentó un desmantelamiento de sus instituciones democráticas, hiperinflación, persecución política a los opositores, ataques constantes a la libertad de expresión y una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes. No obstante, la respuesta de la administración Trump cruzó todos los límites de la diplomacia tradicional, rompió las reglas del Derecho Internacional y vulneró la Carta de las Naciones Unidas, para entrar en el terreno de una injustificable intervención directa.
Pero veamos la demagogia de las proclamas trompistas: Desde el año 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló acusaciones contra Nicolás Maduro por “narcoterrorismo”, con una recompensa ofrecida por su aprehensión. Esa acción, vista entonces como una medida para deslegitimar a su gobierno y ejercer presión, terminó en el uso extraterritorial de las leyes estadunidenses y en la vulneración de la soberanía nacional de un país independiente de Estados Unidos.
En contraste, en ese mismo período, la situación en Honduras bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández también fue objeto de atención. A pesar de las acusaciones de fiscales estadunidenses sobre sus vínculos con el narcotráfico, sin que importaran el juicio y la condena que cayó sobre él, la relación entre la administración Trump y Hernández se mantuvo indisoluble.
Previa extradición, encarcelamiento y enjuiciamiento, Hernández fue hallado culpable y condenado a 45 años de prisión por una Corte Federal en Nueva York, acusado de aceptar sobornos millonarios para permitir la operación de bandas de narcotraficantes en Honduras, mismas que traficaban drogas a Estados Unidos.
Pero el pasado 28 de noviembre de 2025, el mismo sujeto que señala a Nicolás Maduro como narcotraficante, el mismo señor que dice que va a intervenir en México para exterminar a los carteles, porque asevera que no permitirá que Estados Unidos reciba más drogas, el mismo personaje que acusa al gobierno de Colombia de facilitar la operación de bandas de delincuentes que también contribuyen a que las personas adictas en Estados Unidos consuman drogas, indultó a Juan Orlando Hernández, quien salió libre de prisión tres días después.
Esa doble postura frente a un mismo hecho me hizo recordar la anécdota que suele atribuirse al presidente estadunidense Franklin D. Rooselvet, quien, en referencia al entonces dictador nicaragüense, Anastacio Somoza García, dijo: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.”
La cita describe a la perfección la política exterior estadunidense de antaño, que es la misma de hoy, porque el gobierno norteamericano no tiene empacho en apoyar a cualquier dictador, a cualquier genocida y a cualquier delincuente, siempre y cuando proteja sus intereses. El suceso también explica la diferencia en los enfoques hacia Venezuela y Honduras.
Los casos de ambos países con la administración Trump han generado discusiones sobre la aplicación de la justicia transnacional. Las acciones contra Maduro fueron presentadas como parte de la lucha contra el crimen organizado y para promover la democracia, mientras que la postura final hacia Hernández, a pesar de las acusaciones probadas y la condena de la que fue objeto, han llevado a reflexionar sobre cómo la justicia se aplica de manera desigual y está cínicamente influenciada por consideraciones de lo que eufemísticamente se llama Realpolitik.
Las políticas aplicadas por el gobierno de Trump hacia los dos países tuvieron consecuencias significativas en la dinámica regional. La presión sobre Venezuela contribuyó a su aislamiento internacional y exacerbó la crisis interna, con impactos en la migración regional.
En Honduras, las acusaciones de corrupción y narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que habría cometido durante su mandato, terminaron en su indulto, hecho que además terminó influyendo en los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en ese país. Pero a Trump y a quienes lo aplauden y todavía tienen la inocencia de esperar algo bueno de él, no les importa que existan dos varas para una misma medida.
El análisis de la política de la administración Trump hacia Venezuela y Honduras presenta un cuadro complejo, donde interactúan consideraciones de soberanía, intereses económicos, la aplicación de la justicia, el doble discurso, la falsedad, la corrupción y la posibilidad de tomar o no en serio el Derecho Internacional. Las distintas aproximaciones a Maduro y a Hernández muestran cómo las prioridades políticas pueden moldear las decisiones en materia de relaciones exteriores y las formas bajo las cuales se abordan de dos maneras incompatibles, cuestiones como la democracia, la corrupción y el crimen organizado en el escenario internacional.
Para mí no hay otra forma de entender la inconsistencia política de la intervención de Trump en Venezuela, sin dejamos de mirar hacia Honduras. Mientras Washington señalaba a Venezuela como un “narcoestado” para justificar el desconocimiento de su gobierno, la Casa Blanca mantiene una relación de complicidad y respaldo con Juan Orlando Hernández. La contradicción es flagrante.
Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó y extraditó al expresidente hondureño por participar en una “conspiración de narcotráfico” que “…movió toneladas de cocaína durante años…”, el gobierno de Trump lo elogió como un “socio confiable” en la lucha contra las drogas y la migración.
Esta doble vara de medir despoja de toda autoridad moral a la política exterior estadunidense. Si el objetivo fuera realmente la justicia y la lucha contra el crimen organizado, el trato hacia el expresidente de Honduras habría sido tan severo como el aplicado al de Venezuela.
La diferencia radica en que Juan Orlando Hernández es un aliado ideológico y geopolítico. Esta hipocresía revela que el interés de Trump no era, no es y nunca será la democracia, sino el control regional, el acceso al petróleo venezolano, la satisfacción de un electorado específico en Florida y el aplauso de la derecha latinoamericana, que por lo demás le es muy fácil de obtener.
Por otra parte, no quiero dejar de lado la mención sobre otro de los fenómenos más alarmantes de estos eventos, que fue la mutación de una parte de la oposición venezolana y sus simpatizantes, quienes pasaron de la resistencia civil activa al ruego por una intervención militar extranjera, en una petición que paradójicamente incluyó a la flamante premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien terminó haciendo el ridículo al ir entregarle a Trump su premio y recibir como intercambio una bolsa de mano de la marca que fabrica el propio presidente. Esta postura, no solo representa una claudicación de la política como herramienta de cambio, sino que demuestra una desconexión peligrosa con la realidad bélica moderna.
Pedir una intervención militar estadunidense es, en esencia, pedir que el territorio de su país abra la puerta para convertirse en un campo de batalla de potencias globales. Quienes aplaudieron desde la comodidad del activismo de sillón en los teléfonos celulares y las cuentas de Facebook y “X”, o desde burbujas de privilegio, la posibilidad de una invasión, omitieron deliberadamente valorar el costo en vidas humanas inocentes.
Una intervención no es un proceso quirúrgico ni estético; implica bombardeos, destrucción de infraestructura, desplazamientos masivos y una inestabilidad que puede durar décadas, como bien lo demuestran las experiencias en Irak, Libia o Afganistán. La ligereza con la que se invocó el uso de la fuerza es un síntoma de una dirigencia que, frustrada por su propia incapacidad de movilización, decidió hipotecar la soberanía y la vida de sus conciudadanos a cambio de una salida rápida.
La retórica intervencionista ignora deliberadamente el concepto de “daño lateral”. En la Venezuela sumida en varias crisis de servicios públicos, desempleo y carestía, una nueva intervención militar destruiría lo que queda de las vías de comunicación, pondría más trabas en el suministro de agua, de electricidad y en el sistema de salud. La población civil, que ya sufre de desnutrición y falta de medicinas, sería la primera en padecer bajo el fuego cruzado o por las hambrunas derivadas del bloqueo de suministros que conlleva una guerra.
Además, el vacío de poder generado por una intervención militar en un país con la geografía y la proliferación de grupos armados no estatales, como ocurre en Venezuela, podría derivar en una guerra civil prolongada o en una “balcanización” del territorio. No hay garantía alguna de que las fuerzas interventoras de Estados Unidos puedan instaurar el orden; no pudieron antes en Vietnam, Afganistán, Libia e Irak, así que lo más probable es que se genere una anarquía donde las facciones criminales y paramilitares prosperen a expensas de la gente común.
El olvido histórico; las sombras de Maximiliano
La memoria histórica es, a menudo, la primera víctima de la desesperación política. Los sectores que claman por una intervención extranjera en Venezuela parecen ignorar las lecciones del siglo XIX latinoamericano, específicamente el desastroso experimento del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo.
Aquella intervención, impulsada por potencias europeas, y solicitada por sectores conservadores locales que se sentían incapaces de derrotar el proyecto liberal, terminó en tragedia. El gobierno de Maximiliano nunca logró legitimidad real, dependió enteramente de las bayonetas francesas y, en cuanto los intereses geopolíticos de Napoleón III cambiaron, el emperador fue abandonado a su suerte, sumió al país en una guerra civil más y terminó fusilado.
La lección es clara: un poder impuesto desde fuera por una potencia extranjera nunca podrá sostenerse sin la coacción permanente. La historia demuestra que las intervenciones extranjeras no traen democracias estables, sino protectorados frágiles que colapsan en cuanto el interventor se retira, dejando tras de sí un tejido social destruido y un resentimiento nacionalista que suele fortalecer a los sectores más radicales.
Recordando ese episodio sangriento de nuestra historia se hace necesario criticar también a la base de seguidores del conservadurismo mexicano quienes, alimentados por algoritmos de redes sociales y propaganda, construyeron un culto a la personalidad alrededor de la figura de Trump, viéndolo como un “salvador” casi mesiánico. Este pensamiento mágico sustituyó el análisis político serio por consignas de “intervención humanitaria”, una contradicción en los términos que busca legitimar la violencia armada bajo un disfraz de altruismo.
Esta masa de conservadores ha ignorado sistemáticamente las advertencias de analistas y organismos internacionales sobre las consecuencias de la guerra.
Pero eso no les importa, porque han tratado de instalar una narrativa donde cualquier crítica a la estrategia de Trump es tildada de complicidad con el régimen de Maduro, anulando el espacio para el debate constructivo y para la búsqueda de soluciones negociadas que realmente pongan el bienestar de los venezolanos en el centro.
Conclusión: Hacia una política soberana
La intervención del gobierno de Trump en Venezuela, contrastada con la indolencia frente al narcogobierno de Honduras, deja una lección de cinismo político. La solución a la crisis venezolana no vendrá de la mano de generales extranjeros ni de políticas de asfixia que castigan a los inocentes.
La historia de Maximiliano en su aventura por México nos recuerda que la soberanía no es un capricho nacionalista, sino la base de la estabilidad política. Quienes piden una invasión desconocen que la democracia es un proceso de construcción interna que requiere paciencia, organización y, sobre todo, la preservación de la vida. La tragedia venezolana no se resolverá con más violencia externa que exacerbe la interna, sino con una diplomacia seria que reconozca la complejidad del terreno y que no utilice el sufrimiento de un pueblo venezolano como moneda de cambio para alimentar campañas electorales en nuestro vecino del norte.
La verdadera oposición debe ser aquella que ame a su país lo suficiente como para no desear verlo arder bajo el fuego de potencias ajenas. Y eso aplica para los desorientados que en nuestra patria claman por una intervención militar de los Estados Unidos. Los aplaudidores de la caída de Maduro en México, que festejaron hasta la saciedad la aprehensión y sometimiento a juicio de ese personaje acusado de narcotraficante y que ruegan porque aquí suceda lo mismo, quién sabe con base en qué, no dijeron una sola palabra frente a lo ocurrido con Juan Orlando Hernández.
Entiendo que la derecha mexicana carece en lo absoluto de coherencia en su discurso y en eso se parecen totalmente a Trump, pero al menos podrían intentar tener un poquito de disimulo. Reconozco sin embargo que eso se ve difícil, si no es que imposible.
*Abogado y analista
