Ricardo Monreal Ávila*
La política antidrogas entre México y Estados Unidos es un campo lleno de contradicciones, tensiones y dobles discursos. Mientras Washington presume su “guerra contra las drogas” y se coloca como adalid de la justicia internacional, al mismo tiempo recurre a estrategias que evidencian una práctica selectiva y utilitaria del derecho.
Uno de los ejemplos más claros es el uso de testigos protegidos, figuras clave que Estados Unidos detiene, negocia y utiliza a conveniencia, muchas veces con el único fin de presionar políticamente al gobierno mexicano o de garantizar intereses propios, antes que de erradicar verdaderamente el problema del narcotráfico.
El sistema estadounidense de witness protection o programas de protección de testigos tiene un largo historial. Nació como una herramienta para combatir a la mafia en los años sesenta y setenta, cuando el gobierno federal entendió que sin el testimonio de exintegrantes de las organizaciones criminales era casi imposible llevar a juicio a capos poderosos. Desde entonces, este esquema se ha replicado en casos de terrorismo, corrupción y, especialmente, narcotráfico.
En apariencia, el objetivo es noble: convencer a criminales de colaborar con las autoridades a cambio de protección, reducción de penas o incluso nuevas identidades. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un mecanismo para manipular la justicia y ejercer presión política.
La doble cara de la justicia
Estados Unidos suele presentarse como una nación de leyes, pero al mismo tiempo concede inmunidad o beneficios extraordinarios a delincuentes confesos con tal de obtener testimonios que respalden sus casos. Un ejemplo paradigmático fue el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York. La fiscalía se apoyó en más de una docena de testigos protegidos, muchos de ellos antiguos socios del capo que admitieron haber cometido asesinatos, lavado de dinero y tráfico de toneladas de drogas. A cambio de su cooperación, recibieron reducciones significativas de condena o acuerdos que les garantizaron protección y residencia en Estados Unidos.
La contradicción es evidente: el país que exige a México resultados firmes contra la delincuencia organizada, que presume tolerancia cero frente al narcotráfico, termina premiando a criminales de alto nivel siempre y cuando sean útiles para sostener su narrativa judicial. Estos testigos no sólo aportan información procesal, sino que también son usados mediáticamente, alimentando la imagen de Estados Unidos como un país capaz de someter a los grandes capos, aunque en realidad las redes del narcotráfico siguen operando y los cárteles continúan exportando drogas al mercado estadunidense.
Testigos protegidos como arma política
Más allá de lo estrictamente judicial, los testigos protegidos se han convertido en un instrumento de presión contra el Estado mexicano. No son pocas las ocasiones en las cuales declaraciones de exnarcos bajo custodia estadounidense, se filtran a medios de comunicación, señalando presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado. Estos testimonios, muchas veces sin pruebas documentales sólidas, son amplificados y utilizados para cuestionar la credibilidad de gobiernos en turno.
Basta recordar el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, detenido en 2020 en Los Ángeles por acusaciones de vínculos con el narcotráfico. El expediente, basado en gran medida en testimonios de testigos protegidos, se vino abajo rápidamente cuando el gobierno de México exigió pruebas concretas.
Washington, ante la presión diplomática, tuvo que retirar los cargos y devolver al general a México, lo que exhibió que las acusaciones no estaban lo suficientemente sustentadas. Ese episodio dejó claro que Estados Unidos no duda en usar este tipo de recursos para enviar mensajes políticos, aun a costa de dañar la relación bilateral y de poner en entredicho la honorabilidad de las instituciones mexicanas.
El mercado interno que no se toca
El gran tema de fondo es la hipocresía estadunidense frente al narcotráfico. Mientras acusa a México de no contener a los cárteles, olvida reconocer que el verdadero motor del negocio está en su territorio: la demanda imparable de drogas ilegales por parte de millones de consumidores norteamericanos. Sin ese mercado gigantesco, los cárteles mexicanos carecerían de razón de ser.
Además, Estados Unidos es el principal proveedor de armas que terminan en manos del crimen organizado en México. Miles de fusiles de asalto cruzan cada año la frontera sur, alimentando la violencia y fortaleciendo a los cárteles. Pese a ello, el gobierno estadounidense mantiene una política interna de venta de armas extremadamente laxa, defendida por intereses económicos y políticos locales, mientras critica a México por los efectos de esa violencia.
Los testigos protegidos, en este contexto, funcionan como distractores. Sirven para señalar culpables externos, reforzar narrativas de justicia e incluso para encubrir la incapacidad de Estados Unidos de frenar el consumo interno y el tráfico de armas.
La asimetría en la relación bilateral
El uso de testigos protegidos también refleja la asimetría en la relación México–Estados Unidos. Washington puede negociar, filtrar o manipular testimonios de criminales que antes operaban en territorio mexicano, sin tomar en cuenta los efectos que esas declaraciones tienen en la política interna del país vecino. En cambio, México rara vez tiene acceso a esos testimonios completos ni puede influir en los procesos judiciales estadunidenses.
La cooperación en materia de seguridad debería ser horizontal, pero en los hechos es vertical: Estados Unidos dicta las reglas y México se ve obligado a reaccionar. Esta dinámica perpetúa la idea de que el problema del narcotráfico se origina únicamente al sur del río Bravo, cuando la realidad demuestra que es un fenómeno binacional e incluso multinacional, alimentado tanto por la oferta mexicana como por la demanda estadunidense.
¿Justicia o conveniencia?
La pregunta central es si el sistema de testigos protegidos realmente busca justicia o si responde a la conveniencia política de Washington. En teoría, la figura permite desmantelar organizaciones criminales desde dentro, obteniendo información que de otro modo sería inaccesible. En la práctica, muchos testigos han mentido, exagerado o manipulado sus declaraciones para obtener beneficios, mientras Estados Unidos ha usado esas versiones como verdades absolutas cuando le conviene.
Lo paradójico es que algunos de estos testigos, tras cumplir con su papel, terminan con nuevas identidades, viviendo en ciudades norteamericanas, libres de persecución, mientras sus víctimas en México siguen esperando justicia. Así, se envía un mensaje perverso: traicionar al cártel puede ser un boleto hacia una vida segura en Estados Unidos, aunque ello implique haber cometido delitos atroces.
La necesidad de un debate franco
La lucha contra el narcotráfico no puede seguir basada en hipocresías y dobles estándares. Estados Unidos debe reconocer su corresponsabilidad en el problema: su mercado de consumo, su sistema financiero que lava miles de millones de dólares al año y su industria armamentista que alimenta la violencia en México. Mientras no exista un compromiso real en estos frentes, cualquier juicio mediático basado en testigos protegidos será un espectáculo parcial, incapaz de atacar las raíces del problema.
México, por su parte, necesita replantear su posición. No puede aceptar sin cuestionar los testimonios fabricados en cortes estadounidenses, ni permitir que estos se conviertan en instrumentos de presión política. La soberanía implica también defender la narrativa propia frente a un vecino que ha demostrado actuar según sus intereses estratégicos antes que en busca de una solución integral al narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo ha dejado claro, México no aceptará todo y sin revires, México vive una etapa compleja de cambios y transformación, con algunas resistencias internas sobre todo de grupos de poder y empresariales que se ven afectados en sus intereses ante estos cambios de fondo, pero también México vive una etapa donde pueblo y gobierno están unidos frente a estos desafíos, México y su gobierno hoy son capaces de negociar también bajo sus intereses al gobierno de Estados Unidos.
Última reflexión
El uso de testigos protegidos por parte de Estados Unidos revela más que una táctica judicial: es una muestra clara de la hipocresía y del doble discurso con que se aborda el tema del narcotráfico en la relación bilateral. Washington utiliza a delincuentes confesos como piezas de ajedrez, mientras omite enfrentar sus propios problemas internos de consumo, tráfico de armas y lavado de dinero.
Al final, el narcotráfico no es un problema exclusivamente mexicano ni exclusivamente estadounidense: es un fenómeno transnacional que requiere soluciones compartidas, no acusaciones unilaterales. Mientras Estados Unidos siga usando a los testigos protegidos como instrumentos políticos, la relación seguirá marcada por la desconfianza y la manipulación. La verdadera justicia no se construye con testigos comprados ni con juicios mediáticos, sino con políticas honestas y corresponsables que ataquen las raíces del problema en ambos lados de la frontera.
*Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. X y Facebook: @ RicardoMonrealA. Tiktok: ricardomonreala.
