Gerardo Israel Montes*
“Durante los últimos meses, sin rubor y descaradamente, la derecha política y mediática, intensificó su ominosa estrategia de difusión de noticias falsas, mentiras, calumnias, distorsión y manipulación informativa, impregnadas de rencor y odio acumulado en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su entorno familiar, y de paso afectar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a cuyo gobierno buscan confrontar y desestabilizar. Sabedores de lo que representa para millones de personas la figura de López Obrador como símbolo de honestidad y tenacidad e impulsor de la transformación política, económica y social de México, aquella oposición mediática, en su perenne guerra sucia en contra del exmandatario, pretende aniquilar su reputación.
Con la valentía que da la seguridad de que su linchamiento mediático ya no tendrá respuesta del personaje político denostado, los comunicadores de la derecha dan rienda suelta a su perversa imaginación, al grado de que su odio extremo los ha hecho perder los cabales de la sensatez al momento de inventar sus historias o emitir sus injurias disfrazadas de opiniones, en especial con la narrativa del supuesto pacto Morena-narco, con la cual han buscado mermar electoralmente a Morena desde 2022, con nulos resultados.
Confiados en que el estadounidense Donald Trump presione al gobierno mexicano señalando a grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas y con el amago de intervenir militarmente en territorio mexicano, los columnistas de El Universal, Salvador García Soto y Héctor de Mauleón, han plasmado sus fervientes deseos de que AMLO sea aprehendido y sometido a juicio en Estados Unidos.”
“Misión: Destruir la imagen de AMLO
En el caso del primero, el pasado 12 de agosto publicó en su columna Serpientes y Escaleras: Primero Maduro y después el “más duro”, texto en donde jugó con la gastada comparación entre México y Venezuela y, tras validar la acusación sin pruebas hecha por el gobierno de Estados Unidos respecto a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, esté vinculado a actividades del narcotráfico, García Soto especuló que Maduro es la “punta de lanza” para acusar “a otros gobernantes latinoamericanos de apoyar a cárteles del narcotráfico”.
Según la malicia desbordada por este columnista líder en la generación de elucubraciones, “uno de los nombres que suenan en esa lista es el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a cuya familia y excolaboradores cercanos el Departamento de Estado les realiza un seguimiento especial por sus vínculos con el exmandatario mexicano”.
Reproduciendo meramente la tarjeta informativa que le proporcionó algún político de derecha o simplemente montado en la narrativa que busca etiquetar a todos los gobiernos de izquierda como aliados del narco, el aviso García Soto llegó al extremo de la calumnia y de la real malicia en su afán de dañar sin miramientos a López Obrador, al acusarlo de estar involucrado en el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.”
Según la invención del columnista de El Universal, en el Departamento de Estado estadunidense circula una “versión” de que AMLO podría ser acusado de colaborar con los Cárteles de la Droga mexicanos*, por haber dado asilo en la embajada mexicana en Ecuador al exvicepresidente Jorge Glass quien, según fuentes ecuatorianas, sería acusado por la Fiscalía de Ecuador *de haber sido quien planeó el asesinato de Villavicencio y ordenar ejecutar a Fito, un criminal ecuatoriano vinculado al Cártel de Sinaloa.
“Y ahí es donde el tema de ese asesinato podría llegar hasta México y conectar con el expresidente” López Obrador, según la siniestra interpretación publicada por García Soto, quien aseguró que “automáticamente” quienes desde el gobierno mexicano protegieron y dieron asilo político a Jorge Glass (integrante del partido Revolución Ciudadana, del expresidente ecuatoriano Rafael Correa) *pudieran ser señalados de haber colaborado con los narcotraficantes de Ecuador y del Cártel de Sinaloa, quienes ejecutaron al candidato Villavicencio por órdenes del dirigente del Partido Revolución Ciudadana.
En esta misma tesitura de generar quimeras, Héctor de Mauleón redactó por su desarraigada posición editorial reflejada en varias de sus columnas publicadas en El Universal, en donde asume una postura negacionista sobre el hecho de que el narcotráfico en México tuvo su origen, historia y evolución durante los gobiernos del Prian, a la par de que, malintencionadamente, culpabiliza exclusivamente a Morena de las atrocidades que durante décadas han cometido los grupos de narcotraficantes.
En su carente análisis -producto de la extrema animadversión en contra de López Obrador-, De Mauleón exhibe su trato desigual y sus simpáticas políticas al ignorar que uno de los mayores protectores del narcotráfico en México fue Carlos Salinas de Gortari, quien para ello se apoyó en sus hermanos Raúl y Enrique, este último asesinado en diciembre de 2004, y aunque “no se llegó a saber nada del asesinato (…) a lo mejor estuvo ligado a dinero del narcotráfico”, así lo declaró el expresidente Miguel de la Madrid en una entrevista otorgada a Carmen Aristegui en febrero de 2009.
-¿Pudo haber sido la muerte producto de litigios de hermanos por la fortuna de la familia?, preguntó Aristegui
-No lo creo.
-¿Su propia fortuna ligada al narcotráfico?
-Sí, respondió tajante el expresidente.
Sin embargo, para De Mauleón esta realidad e historia no existe, muy seguramente porque durante su gobierno Salinas de Gortari destinó millones de pesos en publicidad gubernamental a las revistas Letras Libres y Nexos, publicaciones controladas por el grupo de “intelectuales” a los que pertenece el columnista de El Universal.
Durante septiembre, el columnista continuó con su línea editorial tendenciosa en torno a la supuesta complicidad de AMLO con el crimen organizado, a través de textos publicados en los primeros tres días de este mes, en los cuales mencionó de forma destacada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha referido, sin pruebas, que AMLO fue protector de narcotraficantes.
El primero de septiembre De Mauleón escribió: “Por qué AMLO no extraditó a Caro Quintero”, cuya hipótesis sesgada se centró en señalar que el expresidente no lo hizo porque su gobierno paldría supuestamente perjudicado. ¿Y la responsabilidad de los gobiernos del PRI y el PAN que no extraditaron a quien lidereó el Cártel de Jalisco? Para De Mauleón, los gobiernos prianistas están eximidos de cualquier vinculación con el narcotráfico.
Un día después este columnista publicó: “La trama ecuatoriana que envuelve al gobierno de AMLO”, cuya base fue la misma invención utilizada por García Soto sobre la responsabilidad de López Obrador en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio.
Y el 3 de septiembre remató con: “El enemigo de AMLO, en México”, en alusión a Marco Rubio, quien la noche anterior había llegado a la Ciudad de México para acordar con el gobierno de la presidenta Sheinbaum el nuevo entendimiento en materia de seguridad. A lo largo del texto el columnista deja entrever su entusiasta esperanza de que el funcionario estadunidense contribuya a un anhelo de la oposición mexicana para que AMLO reciba algún tipo de castigo.
Al igual que los demás comunicadores de la derecha mexicana que difunden la falsa narrativa del pacto Morena-narco y toman dictado de las autoridades estadounidenses, en sus diversos textos García Soto y De Mauleón que no hacen referencia al hecho real y documentado de que entre los principales impulsores y los cárteles de la droga en México han sido la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la que fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS) mexicana.
“(…) Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, en su libro Cocaine Politics: Drugs, Armies, and the CIA in Central America, sostienen cómo, desde la Segunda Guerra Mundial, una de las fuentes más cruciales de protección institucional para el narcotráfico ha sido la CIA que, junto a la temida Dirección Federal de Seguridad permitieron en los años 70 del siglo pasado el auge del Cártel de Guadalajara en México”, escribió el pasado 27 de agosto en el portal sinembargo.mx, Obed Rosas.
Sancionar las mentiras mediáticas
Entre las dos mentiras que más profusamente reprodujeron diversos medios y columnistas que están alineados a la estrategia del régimen prianista para destruir la figura de AMLO y a su entorno familiar, fueron la supuesta residencia de Beatriz Gutiérrez Müller en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid, España, y los amparos que, en una primera instancia, la oposición mediática quiso hacer creer que habían sido tramitados por Jesús Murillo y Gonzalo López Beltrán para evitar su detención, junto con otras personas señaladas de haber cometido el delito de huachicol fiscal.
Ambos embustes fueron desmentidos: Gutiérrez Müller dejó en claro que radica en México y no en España; mientras que los hijos de AMLO negaron haber tramitado dichos amparos ni estar inmiscuidos en el delito mencionado, responsabilizando de la manipulación informativa al hampa del periodismo mexicano.
Ante lo que ya es una descarada política editorial de mentir con total impunidad por parte de la mayoría de los medios de comunicación y sus informadores, han surgido algunas propuestas para salir al paso de las noticias falsas.
Tras ser entrevistada a finales de agosto por Sabina Berman en su programa “Largo Aliento” que se transmite en Canal 14, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, planteó modificar la Ley de Derecho de Réplica –a la cual definió como “absolutamente disfuncional”–, a fin de agregar un mecanismo accesible para salir al quite de las mentiras o noticias falsas generadas por los medios de comunicación: “Y si no publican la réplica que tengan una consecuencia muy grande posteriormente”.
En el caso de los medios de comunicación electrónicos en donde han proliferado los espacios que difunden mentiras y tienen a la calumnia como norma, podría retomarse el espíritu de iniciativas legislativas presentadas en el pasado que buscaban la sanción mayor: la revocación de la concesión a los medios de comunicación que incumplieran, por ejemplo, con las normas electorales.
El 28 de mayo de 2008, el entonces senador del PAN Ricardo García Cervantes, presentó una iniciativa para armonizar la entonces Ley Federal de Radio y Televisión con lo que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (Cofipe). En dicha propuesta legislativa se proponía “establecer como una de las causas de revocación de las concesiones en radio y televisión el incumplimiento grave y reiterado, por parte de los concesionarios”, de las disposiciones contenidas en la Base III del artículo 41 constitucional.
En la actualidad, este apartado, en su Base III, establece que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos “deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”; es decir, se prohíben las guerras sucias, como la que se concretó en 2006 contra el entonces candidato de la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, a quien partidos, un amplio grupo del sector empresarial y los medios de radiodifusión etiquetaron como “Un peligro para México”, con el objetivo de influir en la decisión de los electores para que no votaran por el candidato de la izquierda.
Sacándolo del terreno electoral y cuidando que no se afecte ni atente contra la libertad de expresión, se podría retomar una propuesta similar como la que planteó en su momento García Cervantes, a fin de inhibir o sancionar la “libertad de mentir” que en la actualidad ejercen la mayoría de los medios electrónicos en México.
Es el caso de TV Azteca, cuyo dueño, Ricardo Salinas Pliego, utiliza una concesión pública para defender sus intereses personales y empresariales, así como su negativa a no pagar la multimillonaria deuda fiscal que mantiene desde años, utilizando para ello la desinformación y la difamación que diariamente ejerce en contra tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum, como de varios servidores públicos emanados de Morena y del exgobernador López Obrador y su entorno familiar.
*Periodista y analista
