Norma Julieta del Río Venegas
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no sólo representa el cierre administrativo de un órgano garante, sino el fin de una institución que durante dos décadas construyó puentes entre la ciudadanía y el Estado, a través del acceso a la información y la defensa de la privacidad.
No exagero cuando afirmo que el INAI fue útil socialmente: salvó vidas durante emergencias sanitarias al transparentar recursos en salud; empoderó a madres buscadoras con información pública; fue herramienta para periodistas, estudiantes, académicos, activistas, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil. En su momento más robusto, fue referente internacional. Y aun en su etapa más vulnerable, resistió con fallos, resoluciones y criterios jurídicos que pusieron a las personas al centro del derecho.
Hoy no sólo me despido de una institución que representé con orgullo, también lanzó un llamado: esta nueva etapa exige una ciudadanía más vigilante, informada y activa. Porque el relevo institucional no significa el relevo de responsabilidades. Los derechos a saber y a la protección de los datos personales están establecidos en la Constitución, y ninguna reforma, organismo o narrativa puede suprimirlos.
El legado
El legado del INAI no es menor. Fueron más de 350 mil recursos de revisión resueltos, más de 12 millones de solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), decenas de resoluciones que obligaron a abrir información pública considerada antes inaccesible, y miles de procedimientos de protección de datos personales tramitados ante autoridades que, en no pocos casos, abusaban de los datos de las personas.
No se trataba de burocracia: se trataba de hacer valer derechos. De evitar que el poder actuara sin escrutinio. De blindar a los más vulnerables con una herramienta jurídica gratuita, digital y accesible. De ahí que esta transición debe ser observada con cuidado.
Una nueva arquitectura institucional
El nuevo modelo, encabezado por el organismo desconcentrado como Transparencia para el Pueblo, representa un rediseño de la política pública de transparencia en el país. Si bien algunos objetivos son compartidos, como la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa, hay riesgos que no se pueden ignorar: la pérdida de autonomía constitucional, la politización de las resoluciones y, especialmente, el debilitamiento de las garantías ciudadanas frente al Estado.
Los nuevos órganos carecen, al menos hasta ahora, de la solidez técnica y jurídica que se construyó durante años en el INAI. No cuentan con el mismo nivel de autonomía ni con un mecanismo robusto de revisión imparcial. Por eso es vital que las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las universidades y, por supuesto, las y los ciudadanos, acompañen de cerca su evolución.
Ciudadanía vigilante: el gran reto
El mayor desafío de esta etapa es no caer en la indiferencia. A la ciudadanía le corresponde ahora más que nunca ejercer presión, presentar solicitudes, exigir respuestas, proteger sus datos, denunciar malas prácticas. La PNT sigue activa, y su operación debe ser garantizada por quienes la recibieron como un bien nacional.
Si bien el Comité de Transferencia ha dado señales de continuidad en ciertos procesos, la ciudadanía debe mantenerse alerta. Ya no se trata de esperar una resolución del INAI, ahora se trata de hacer valer directamente lo que por ley corresponde. La vigilancia ciudadana se convierte en el principal contrapeso.
El riesgo de retroceder
En un contexto donde la opacidad se confunde con eficacia, y donde la privacidad suele ceder ante intereses políticos o económicos, hay que decirlo con claridad: retroceder en transparencia es retroceder en democracia. Lo que costó años construir, puede diluirse en semanas si no hay vigilancia, exigencia y denuncia.
La experiencia acumulada por personas que laboraron en el INAI no debe perderse. El trabajo realizado por el instituto está ahí para que se retome lo realizado y no se parta de cero, pues fue una labor siempre en pro de un México mejor.
Lo que sigue
Quienes creemos en la transparencia no nos rendimos. Seguiremos insistiendo en que se armonicen las leyes estatales con el nuevo modelo, que se garanticen los derechos digitales, que los nuevos órganos rindan cuentas que no se diluya la protección de los datos personales en una maraña administrativa.
En este nuevo escenario, no basta con confiar. Hay que participar, preguntar, involucrarse, documentar. Hay que acudir a las audiencias públicas, hacer valer los plazos legales, solicitar informes, usar las herramientas digitales. Porque la transparencia no es un favor: es un derecho.
Hoy termina el INAI, pero no termina nuestra causa. La historia institucional fue sólo una parte del camino. Lo que permanece es el mandato constitucional y el deseo legítimo de vivir en un país donde saber no sea privilegio, sino parte de la vida cotidiana.
Desde esta nueva trinchera, sigo firme en la defensa de los derechos que alguna vez tutelamos. Agradezco a quienes confiaron en el Instituto, a quienes hicieron uso de sus herramientas, a quienes defendieron su permanencia. Les aseguro que no fue en vano.
Hoy comienza una nueva etapa. Y no podemos permitir que se escriba sin nosotros.
*Excomisionada del INAI y experta en transparencia y protección de datos personales.
