Amalia García Medina
El contexto migratorio
La relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada por una constante tensión migratoria. La administración de Trump intensificó el discurso y las acciones en materia de seguridad nacional, adoptando un enfoque abiertamente persecutorio y policial. Esto exacerbó las violaciones a los derechos humanos y convirtió el muro fronterizo en un símbolo de su política migratoria.
En su primer mandato, Trump estableció a México como un “tercer país seguro”, lo que significó que personas migrantes, independientemente nacionalidad, fueran enviadas a México con la intención de que solicitaran asilo desde ahí (Ortega, 2020).
Con la pandemia, EE.UU. implementó el Título 42, un mecanismo basado en la protección de la salud pública (US. Gov., 2020). La disposición se utilizó para negar solicitudes de asilo sin un análisis de fondo, lo que resultó en expulsiones masivas y en la vulneración de derechos fundamentales, especialmente de menores de edad, a quienes se separó de sus padres, y de personas migrantes, ignorando principios del derecho internacionalcomo la Convención de Ginebra y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. En total, entre 2020 y mayo de 2023, cuando dejó de aplicarse esta medida, 5.7 millones de personas solicitantes de asilo fueron expulsadas de Estados Unidos (US. Gov., 2023).
Como parte de la contención migratoria, el Gobierno mexicano desplegó a la Guardia Nacional en la frontera sur y en el norte del país. La militarización del trato a las personas migrantes y sus familias es inaceptable, al igual que los recortes presupuestales a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y al Instituto Nacional de Migración (INM). A pesar del aumento en los flujos migratorios (Organización Internacional del Trabajo, 2021), estos organismos sufrieron reducciones presupuestarias en 2021 (Cámara de Diputados, 2020), lo que continuó hasta hoy, debilitando sus capacidades institucionales y propiciando el maltrato a la población migrante.
En este contexto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha intervenido con transferencias de recursos para sostener a la COMAR (Hernández, 2023) esta financiación no debe continuar; en cambio el gobierno mexicano necesita fortalecer las instituciones encargadas de la atención a refugiados con un nuevo enfoque basado en derechos, al tiempo que se implementan modelos de inclusión laboral en nuestro país; tal como ya se ha empezado a considerar, no sólo para mexicanos en retorno, sino también para los de otras nacionalidades, reconociendo que las personas traen consigo conocimientos, experiencias y habilidades con los que pueden enriquecer la economía y la cultura de México.
Un enfoque diferente es más pertinente hoy, cuando el segundo mandato de Trump, la criminalización se ha intensificado con acciones para restringir la migración y fortalecer la seguridad fronteriza con desplegar campañas de deportación y detención, fomentando la discriminación y la xenofobia. Asimismo, eliminó programas como CBP One, que facilitaban el ingreso legal a los solicitantes de asilo, dejando a miles de personas varadas sin opciones viables y con el riesgo de retornar a donde tampoco hubo alternativas de vida digna y segura.
En el plano militar, se han desplegado, por parte de EE. UU. un total de 9,600 soldados en su frontera sur, dejando a miles de migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad, quienes pasaron de buscar el “sueño americano” a ser el blanco de políticas de exclusión.
La ausencia de un sistema de movilidad humana multilateral de EE.UU. México, Centro y Sudamérica, que gestionará la migración regular, segura y ordenada – como fue el objetivo del Pacto Mundial – expuso a la población migrante a múltiples peligros, incluyendo la violencia, el secuestro y la extorsión por parte del crimen organizado desde el Darién y en el tránsito por México.
Hoy en el contexto impuesto por el Gobierno estadounidense, el flujo disminuye pero no las causas que le dieron origen: necesidades de empleo, urgencia de salvar la vida ante la violencia, crisis climática.
Enfoque de derechos humanos, no discriminación e inclusión
El Pacto Mundial por una Migración segura, ordenada y regular no debe quedar en el cajón; tampoco la posibilidad de que a mediano plazo se diseñe un sistema de movilidad humana regional.
Preciso el planteamiento: Es necesario que no desistamos de la posibilidad de construir agendas comunes regionalmente, con una visión de desarrollo compartido y la gestión de las migraciones con una visión incluyente; con enfoque de DD.HH. y destacando su aporte a la economía y cultura.
En diversos contextos, el trato a la población migrante ha sido guiado por el concepto de seguridad humana como son las ciudades hospitalarias o santuarios, donde la migración se gestiona desde un enfoque incluyente que garantiza derechos, fomentar la integración comunitaria y la interculturalidad como una realidad que exige nuevas perspectivas.
En México, un antecedente de este enfoque progresista se encuentra en la Ciudad de México, donde en 2017 se implementó una política pública germinal que declaró a la CDMX como Ciudad Hospitalaria. Representó un cambio paradigmático al reconocerla como una entidad intercultural, plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, en concordancia con lo estipulado en los artículos 2, 4 y 11 de la Constitución local (Gobierno de la CDMX, 2017).
Se promovieron políticas públicas integrales dirigidas a las personas en movilidad impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y en coordinación con otras secretarías como la de Educación y la de Salud, a través de prácticas de cooperación para la inclusión con acciones precisas centradas en:
- Formación: Capacitación y certificación de competencias laborales para retornados, deportados, migrantes, personas en tránsito, refugiados y huéspedes.
- Vinculación: Conexión con bolsas y ferias de trabajo para retornados, deportados, personas en tránsito, refugiados y huéspedes, así como inserción laboral para personas refugiadas.
- Fortalecimiento de capacidades: Fomento al autoempleo y creación de cooperativas dirigidas a retornados, repatriados, refugiados y solicitantes de asilo (Gobierno de la CDMX y OIT, 2018).
El Seguro de Desempleo, además de ser un apoyo económico, se convirtió en un instrumento de inserción comunitaria efectiva, facilitando el acceso a capacitación, certificación y bolsa de trabajo. Asimismo, se creó el programa Miércoles Solidario, donde personas refugiadas y migrantes participaban en actividades comunitarias en distintas delegaciones en un intercambio intercultural, alineado con las directrices de ACNUR para una integración efectiva (Gobierno de la CDMX y OIT, 2018)
Hacia la gobernanza regional en materia migratoria
En 2022, México recibió a aproximadamente 1.2 millones de migrantes, de los cuales hasta 440 mil se encontraban en situación irregular (OIM, 2023), en su mayoría con la intención de llegar a EE.UU. es fundamental reconocer que los migrantes aportan habilidades y talentos que pueden enriquecer las comunidades de acogida, tal como sucede con la migración mexicana, específicamente la que está en EE.UU. que contribuyen con el 8% del PIB, donde incluso las personas indocumentadas pagaron 97 mil millones de dólares en impuestos, de acuerdo con el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP).
Dado que la migración es un fenómeno inherente a la humanidad, se requiere avanzar hacia una gobernanza migratoria regional, basada en la articulación de un enfoque incluyente y en esfuerzos coordinados entre los países de Latinoamérica, e incluso contemplar las condiciones para llegar a un acuerdo de migración regular con Estados Unidos.
Una estrategia regional en materia migratoria debe contemplar políticas y acuerdos que permitan gestionar los flujos de personas de manera ordenada, garantizando siempre un enfoque de DD.HH.
Conclusiones y oportunidades
Ante el panorama que hoy vive la población migrante y sus familias, complejo y lleno de riesgos, adversidades en los últimos años y agudizado por las visiones excluyentes y xenófobas que amenazan el avance de mecanismos de protección a los DD.HH. de dicha población, requerimos defender las conquistas en tratados y convenciones internacionales, y en México sostener el contenido del artículo 1 constitucional de modo relevante, lo relativo al principio pro-persona.
Empezando por rediseñar las políticas, tanto hacia las personas que llegan y sólo están de tránsito y opten por regresar a su país de origen, como a los que deciden quedarse, y retomando la Agenda Migrante (2023) elaborada por la sociedad civil, se plantea la protección de las personas refugiadas y migrantes al incorporar principios clave en línea con las demandas de la sociedad:
• Reformar la Ley de Migración: Enfoque integral e incluyente, que elimine la práctica de detenciones y capacitando al personal institucional en DD.HH. además de agilizar y mejorar la gestión de trámites migratorios.
• Rediseñar el modelo de estaciones migratorias: Reemplazar el modelo actual por uno con enfoque humanitario, garantizando condiciones dignas en función de las necesidades y características de los flujos migratorios.
• Distanciamiento de la política migratoria estadounidense basada en la securitización: México debe coordinar esfuerzos con América Latina, priorizando los DD.HH.
Es necesario construir un modelo migratorio más justo e incluyente, basado en la colaboración entre instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, empresas, organizaciones comunitarias y organismos internacionales como ACNUR, OIM, OIT y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Apostar por una migración regulada, segura y respetuosa de la dignidad de las personas permitirá a México tener más condiciones para defender con autoridad los derechos de los mexicanos en el exterior, sobre todo los que viven en Estados Unidos.
En este sentido, la cooperación internacional tanto con América Latina como con el hemisferio norte, será clave para asegurar una respuesta integral a los desafíos migratorios. Sin dudarlo, México debe continuar promoviendo alianzas con organismos multilaterales y países de la región para avanzar en la implementación de políticas basadas en la inclusión, la igualdad y el respeto a los DD.HH. en este momento de embate a los mismos; dialogar y no cesar en esos valores y esta visión.
Referencias
Agenda Migrante. (2023). Diez medidas urgentes para la migración segura, ordenada y humana en México.
Arista, L. (2022). Despliegan número récord de militares para control migratorio. Expansión. https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/11/08/despliegan-numero-recordde-militares-para-control-migratorio
Bauder, H. (2016). Sanctuary Cities: Policies and Practices in International Perspective. International Migration, 55(2), 174-187. Cámara de Diputados. (2020). Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.
Gobierno de la CDMX. (2017). Acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México una Ciudad Santuario.
Gobierno de la CDMX y Organización Internacional del Trabajo. (2018). Programas Sociales para la población migrante en la Ciudad de México: Identificación de buenas prácticas y recomendaciones en materia de inserción laboral.
Hernández, L. (2023). Entrega ACNUR a la COMAR más del doble de recursos que Gobernación. La Jornada. https://www.jornada. com.mx/2023/05/08/politica/006n1pol
Organización Internacional para las Migraciones. (2023). Perfil Migratorio de México.
Organización Internacional del Trabajo, (2021). Protección social de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado en México. Un análisis de oportunidades y capacidades institucionales.
Ortega, E. (2020). México como tercer país ¿seguro? Instrumentalización del derecho de asilo. Frontera norte, 32. https://doi. org/10.33679/rfn.v1i1.2019
US. Gov. (2020). Customs and Border Protection.
US. Gov. (2023). Customs and Border Protection.
