Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), presentó una demanda en contra de una presunta red de corrupción que operaba al interior de la Fundación ISSSTE, desviando fondos y lucrando con la renta de espacios.
La Fundación está vinculada con un presunto fraude por realizar diversas operaciones irregulares bajo el nombre de la institución. Este es un ejemplo del proceso de privatización y saqueos de las instituciones públicas, comentó el titular.
La asociación civil fue establecida el 15 de noviembre del 2016, bajo la dirección de José Reyes Baeza Terrazas, exdirector del ISSSTE, Rafael Manuel Navarro Meneses, exvicepresidente y José Ramón Narro Robles, exrector de la UNAM, agregó Batres durante la conferencia mañanera presidencial.
En el periodo comprendido entre los años 2017-2018, la fundación llevó a cabo su trabajo, recibió 27 espacios equivalentes a 1, 200 metros cuadrados a título gratuito dentro de las instalaciones del ISSSTE para establecer cafeterías y máquinas expendedoras de café. De éstos, 15 fueron ilegalmente alquilados con fines de lucro sin proporcionar ninguna ganancia al ISSSTE.
En 2017 se hizo la entrega de cinco millones de pesos, presupuesto que sería destinado a la compra de sillas de acompañamiento, prótesis y auxiliares auditivos. Batres informó que el ISSSTE no tiene registro de la adquisición ni del fin de ese recurso.
El titular añadió a la lista que la asociación ocupó oficinas en el complejo San Fernando sin la realización de un trámite oficial, como lo expresa el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
Ante esta situación, las autoridades iniciaron acciones legales en mayo del 2023, recuperando algunos de los espacios, estableciendo una sentencia económica para el pago de daños y perjuicios, y realizando una denuncia penal por uso no autorizado de las oficinas del ISSSTE.
Batres resaltó su compromiso contra la corrupción, y dentro del actual sexenio ha continuado con la movilización legal presentando tres solicitudes: una por parte del director general para desalojar los ocho inmuebles restantes, otra al secretario de Economía para remover el nombre “Fundación ISSSTE” y una última para la entrega de las oficinas en el complejo de San Fernando.
Frida Gómez
