La CIA, una historia secreta contra México
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La CIA, una historia secreta contra México

José Luis Camacho López*

México ha sido observado con la misma tormentosa y paranoica preocupación para la seguridad de Estados Unidos como con Irán. “México podría ser un Irán en potencia”, según el Consejo Nacional de Seguridad en los años ochenta. Para la CIA (Central Intelligence Agency) nuestro país ha sido definido como “un principal objetivo estratégico”.

México, “un Irán en la puerta de a lado”, así lo determinó William J. Casey, ex directivo de la CIA en el cuartel de la agencia en Langley, Virginia. En el libro Las Guerras Secretas de Bob Woodward, están descritas las razones del por qué México ha sido el mayor destino de espionaje de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos, principalmente de la CIA.

En la historia secreta de la CIA existe el registro de tres funcionarios mexicanos exhibidos como agentes o colaboradores de esa estructura de espionaje estadunidense en México: Joaquín Cisneros Molina, quien fuera secretario particular del presidente Gustavo Díaz Ordaz y llegó a ser gobernador de Tlaxcala; Alfredo Ríos Camanera, diputado del PRI y director del Fideicomiso de Bahía de Banderas; y Humberto Carrillo Colón, sembrado como agregado de prensa en la embajada de México en La Habana. Ambos casos documentados por Manuel Buendía en sus columnas publicadas en Excélsior el 20, 21, 23, 26 y 27 de abril de 1982.

La CIA aprovechó que Díaz Ordaz era un rabioso anticomunista para qué tres de sus funcionarios fueran usados por la CIA en sus operaciones en México y sus relaciones con Cuba. Díaz Ordaz siempre tuvo en su escritorio la tentación de romper relaciones con Cuba; lo más que pudo hacer es mantenerlas en el congelador. Buendía reveló las estrechas relaciones de Carrillo Colón y de la CIA con la cadena de los Soles de México de José García Valseca, otro rabioso anticomunista mexicano.

La CIA ha tenido entre sus objetivos espiar a dos personajes mexicanos predominantes: el general Lázaro Cárdenas y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. El general Cárdenas al solicitar al presidente Adolfo Ruiz Cortines dar asilo en 1956 al grupo de cubanos encabezado por Fidel Castro. Después, en 1961 al intentar viajar a Cuba a solidarizarse con la joven Revolución Cubana, cuando un grupo de mercenarios apoyados por la CIA invadió el territorio cubano por la bahía de Cochinos.

El general Cárdenas fue víctima de una durísima y sórdida campaña anticomunista en las páginas de periódicos como Zócalo, El Sol de México, Excélsior, y Universal Gráfico, que la CIA estimulaba como parte de sus actividades. Cárdenas llegó a ser acusado en la Procuraduría General de la República de “traición a la patria” por el Partido Nacional Anticomunista, encabezado por Mario Guerra Leal.

El Universal Gráfico, satélite de El Universal, se convirtió en vocero del ex procónsul Robert C. Hill, un rabioso anticomunista, quien llegó a decir que “la guerra ha de ser simultánea en toda América y sin treguas”, narra en su libro Cuauhtémoc Cárdenas: Cárdenas por Cárdenas.

El otro gran objetivo fue el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en su campaña presidencial de 2005-2006. También objeto de una intensa y sistemática campaña mediática en la radiodifusión, periódicos y por internet organizada por el PRI y el PAN en México y Estados Unidos, bajo el tenor anticomunista de ser una versión de Hugo Chávez, un “peligro para México” y por consecuencia para Estados Unidos.

La CIA estaba enterada de todos los movimientos políticos de López Obrador por un reporte enviado al Congreso de Estados Unidos en febrero de 2005, en el que prevenía “de un conflicto en México en el año 2006”. Según el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Mi randa, del gabinete de Vicente Fox, el reporte era “falso”, “reprobable e inaceptable que una agencia de un gobierno extranjero esté opinando de cuestiones mexicanas”. (Cable de Notimex del jueves 17 de febrero de 2005).

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido otro objetivo de una extremosa, sucia y cruel campaña mediática desde su campaña electoral en 2024 por parte de grupos de la ultraderecha y tintes fascistas. El accidente del vehículo donde murieron dos espías de la CIA en Chihuahua, permitió conocer y volver la vista hacia las actividades permanentes y encubiertas, que rea liza ese ente de espionaje en México, desde hace 78 años.

Ninguno de esos agentes estaba autorizado para realizar este tipo de actividades en el país; de los fallecidos, uno entró como turista y el otro en calidad diplomática, Richard Later Johnston III y Kohn Dudley Black. El periódico Washington Post reveló que eran agentes de la CIA.

Los primeros agentes de la CIA llegaron a México en 1948, un año después de su fundación, describe Manuel Buendía, el periodista que más estudió las misiones de esa agencia estadunidense en el país. La primera actividad de ese organismo de espionaje fue proporcionar información privilegiada al gobierno del presidente Miguel Alemán, sobre los movimientos de los grupos de comunistas mexicanos e influir en los periódicos y revistas de la época y la radio para materializar una campaña anticomunista a través de informaciones y artículos de opinión.

La segunda acción de la CIA en México fue inducir al gobierno mexicano y a sus aparatos policiacos, principalmente la Dirección Federal de Seguridad, a la persecución de líderes políticos del Partido Comunista Mexicano (PCM), líderes obreros, artistas, escritores, periodistas, artistas plásticos, académicos, intelectuales.

Una desbordada campaña anticomunista mediática del tipo macartista, similar a la creada por Joseph MacCarthy, el senador republicano que encabezó una cacería de intelectuales y artistas estadunidenses para juzgarlos por supuestos nexos comunistas.

La CIA fue creada en 1947, formaba parte del National Security Act (Acta de seguridad nacional), un organismo “de gobierno invisible” con funciones dentro de la “Guerra Fría” con nueve servicios de información, que incluía empresas, fundaciones caritativas, universidades e institutos de educación superior, gobiernos con una misión inicial de conseguir información como fue la instalación de cohetes soviéticos en Cuba en 1962.

Agentes de la CIA y de la recién constituida Dirección Federal de Seguridad (DFS), entonces encabezada por el general Marcelino Inurreta, formaron grupos mixtos en una oficina instalada en las calles de Melchor Ocampo 212, cuarto piso.

Buendía narra que lo que inicialmente se integró como una cooperación bilateral derivó en la hegemonía de los agentes de la CIA en nuestro país, al crear con “dádivas” una red de informantes “amigos”, soplones, entre funcionarios, empresarios, líderes obreros, periodistas, en universidades, para ser ellos los beneficiarios de la información.

Así se inició una extensa red de informantes de la CIA en el país. Buendía coligió que la CIA operaba en dos pisos, en uno mantenía la relación oficial abierta con funcionarios y organismos como la DFS y la Secretaría de Gobernación y la otra de tipo clandestina, en los subsuelos del gobierno.

Jorge Carrillo Olea, en un artículo “México en riesgo” en La Jornada, (24-3-2026), describe esos colaboradores como “amigos de las agencias estadunidenses. Son funcionarios públicos los más, pero los privados también tienen su espacio alegando que su calidad de personas particulares les libra de responsabilidades”.

También Carrillo Olea menciona a “ciertos funcionarios, naturalmente por su función, suelen conocer la presencia de agentes foráneos y sus tareas, pero haciendo juicios de costo/beneficio, optan por no actuar”.

Carrillo Olea, un general retirado, quien como funcionario público acabó con la DFS, se refiere en su artículo al actual caso de Chihuahua como extremo: está motivado por la presencia y acción de dos agentes de la CIA autorizada por el gobierno de Chihuahua, que carece de facultades para aceptarla, pero que cándido y gustoso dio bienvenida a la epopeya extranjera en la que se embarró”.

Por los años setenta Buendía calculaba que en México operaban por lo menos 20 agencias de espionaje, unas de ellas dedicada a investigar los recursos mineros y energéticos. Hoy se estima que son más de 60 oficinas de espionaje en el proconsulado dedicadas a dar asesorías en diferentes funciones a los gobiernos de los estados, una de ellas sobre materia forense para identificar en los cadáveres el fentanilo a un gobierno de la Baja California, y otras en agricultura al gobierno de Sinaloa.

En marzo de 1971, Buendía llegó a preguntar pública mente sobre la responsabilidad de la CIA en el asesinato del escritor español José Almoina Mateos en 1960, el atentado dinamitero a los talleres del periódico El Día en 1965 y los bombazos a la embajada y negocios cubanos de 1974.

En el caso del atentado con una bomba a la sede del periódico El Día se utilizó una granada del ejército de los Estados Unidos. La policía identificó a un ciudadano estadunidense, Henry Agueros Garcés como el autor del atentado. Agueros Garcés, residente en Miami, pertenecía al “Movimiento Nacionalista Cristiano”, quien en una declaración se jactó de haber planeado y organizado el ataque contra ese periódico en las calles de Sadi Carnot, en el centro de la Ciudad de México.

La ciudad de Miami, de dónde provino el autor del atentado a El Día, un periódico que consideraban desde las propias esferas de seguridad del gobierno mexicano y del PRI como un periódico comunista, fue el mayor centro de operaciones contra la Revolución Cubana.

En las investigaciones hechas por Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984, crimen aún en la oscuridad, llegó a descubrir que los agentes de la CIA realizaba acciones más allá del espionaje al penetrar organizaciones comunistas, usarlas y eventualmente provocar derrocamientos de los gobiernos en América Latina.

Citado por Manuel Buendía en una conferencia en la Facultad de Economía de la UNAM en junio de 1982, El Día publicó el viernes 4 de octubre una larga lista de agentes de esa agencia de espionaje que operaban en México con diversos domicilios en la Ciudad de México. Uno de ellos Francisco Mendoza, con domicilio en las calles de Durango 229, colonia Roma; Roderick Marshall, en Tokio 29, colonia Juárez, Newk Judkins, Sierra Cotpaxi 160, Lomas de Chapultepec, Patricia Bellamy, Río Ebro 95, departamento 301, colonia Cuauhtémoc.

Manuel Buendía cita a uno que trabajaba para Radio VIP y el que más le llamó la atención: Bruce Berkmans, quien era director financiero de Estudios Económicos y Financieros, S.A. y representante para América Latina de la empresa Agri-bussines Develoment Inc.

Bruce Berkmans llegó a México en 1970 procedente de una empresa publicitaria. Dirigía una empresa que producía figuras de “Topo Gigio”, su esposa pertenecía a Junior League, un dispensario financiado por norteamericanos en una colonia proletaria y daba conferencias a madres mexicanas sobre píldoras anticonceptivas.

Mister B.B, como lo identificaba Buendía, estaba entre otros muchos otros agentes de la CIA que realizaban sus actividades de espionaje encubiertas con otras actividades de comerciales o de consultas financieras o filantrópicas.

En la nota referida por Buendía publicada por El Día en octubre de 1974, el ex agente de ese agencia Philip Agge, cita los nombres de esos 37 agentes de la compañía que operaban en México con diferentes actividades disfraza das o que pertenecían al servicio político de la embajada estadunidense en México.

El ex agente reveló que “todo el personal norteamericano de la CIA dirigía a varios centenares de colaboradores mexicanos”, agentes que operaban con la apariencia” de estudiantes, profesores o periodistas”.

En esa lista de Agee figuraban mexicanos “entrenados para controlar las ideas y venidas de las personas de la CIA”. Eran estudiantes, profesores o periodistas, menciona Agee. Para los juegos olímpicos de 1968 se intensificaron los traslados de agentes a México cuando, además, se desarrollaba el movimiento estudiantil de ese año que terminó con la masacre del 2 de octubre en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Ese año fue clave para la CIA, sus agentes realizaron un intenso espionaje de los participantes de ese movimiento: estudiantes, profesores, líderes del Partido Comunista y de sindicatos obreros. Otro de sus objetivos era la embajada soviética.

En el mes de diciembre de 1990, el Washington Post denunció que la CIA realizaba espionaje comercial en México cuando se llevaban a cabo negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Un agente confesó a ese diario que habían recibido instrucciones de los negociadores del gobierno para investigar las posiciones de otros países. “Revisamos las propuestas de otros países (México y Canadá) en relación con modelos econométricos y les decimos a nuestros negociadores qué es lo que el otro ocultó en la negociación”.

En la edición de ese diario de la capital estadunidense, se cita que a partir del fin de la guerra fría al caer el Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, “la CIA no solamente se especializa en el espionaje político y militar, sino también en el económico”.

En junio de 1990 la agencia Notimex informó que el Departamento de Estado había confirmado “la existencia de un equipo militar estadunidense en México que está involucrado en operaciones antinarcóticos. De acuerdo con el diario Los Angeles Times, “el grupo militar está integrado por ocho especialistas del comando de fuerzas estadunidenses, un área del Departamento de Defensa encargada de México”.

La CIA tiene un voluminoso expediente documentado en América Latina y el Caribe de intervenciones encubiertas y oscuras en los países de la región: atentados, asesinatos políticos, espionajes, adiestramientos en torturas, guerras sicológicas, desinformaciones, intensivas campañas de propaganda de prensa para desacreditar gobiernos y desestabilizaciones políticas y económicas.

El periodista Seymour Hersh ha documentado las guerras secretas de la CIA no solamente en Vietnam al desnudar las matanzas en la población de My Lai, donde fueron asesinados 109 civiles, también descubrió la operación encubierta de la CIA dirigida por el mismo jefe del Departamento de Estado, Henry Kissinger, para derribar al gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973. Una campaña que se inició desde el mismo momento en que Allende tomó posesión de la presidencia de Chile en 1970.

Hersh asegura, en su testimonio Cover Up, un periodista en las trincheras, que la intención del gobierno de Richard Nixon era el asesinato de Allende, a quien odiaba por haber afectado con la nacionalización de las minas de cobre, a sus amigos que lo habían apoyado económicamente.

En septiembre del año 2000, la CIA reconoció su apoyo a los opositores de Salvador Allende en Chile, según información del The New York Times, difundida en México. La nota decía que por primera vez la CIA reconocía la magnitud de su involucramiento con los golpistas chilenos “falsos propagandistas y asesinos en Chile desde los sesenta”. Admitió su apoyo al secuestro del general René Schneider de las fuerzas armadas chilenas, asesinado el 22 de octubre de 1970 como parte del plan para hacer que los militares evitasen la asunción del recién electo presidente Salvador Allende”.

Tres años después la CIA admitió el conocimiento previo del complot que derrocó al presidente Allende en septiembre de 1973. El 2 de octubre de 1974 ocurrió en Buenos Aires otro asesinato ordenado por el general Augusto Pinochet, del general Carlos Santiago Prats, quien iba a rebelar los lazos de la CIA con los militares chilenos golpistas.

La ruta intervencionista de la CIA en la región en sus primeras décadas de actividad tuvo como destino Guatemala. En 1954 organizó un golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz, quien desde que asumió la presidencia de su país fue permanentemente acosado por la poderosa United Fruit Company por sus reformas progresistas, principalmente por el reparto de la tierra para los campesinos.

Después del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979 sobre la dictadura de Anastasio Somoza, un dictador apoyado por la CIA, la agencia organizó un costoso apoyo paramilitar a los llamados “Contras” desde las fronteras con Honduras, El Salvador y Costa Rica, una guerra secreta contra Nicaragua que incluyó incorporar antiguos sandinistas y opositores.

Por encima de la prohibición del Senado estadunidense, el gobierno de Ronald Reagan autorizó, con la venta de armas a Irán y recursos del narcotráfico, que la CIA financiara entre 1985 y 1986 la cruzada paramilitar contra la joven Revolución Sandinista. La CIA promovía minar los puertos nicaragüenses, incendiar depósitos de petróleo, volar sobre los cielos de Nicaragua con aviones espías.

Las guerras secretas contra Cuba, los intentos de asesinato de Fidel Castro, las guerras psicológicas y biológicas; invasión de la isla de Granada de 1983 por marines para derribar su gobierno de orientaciones progresistas, son otros los episodios de las guerras de la CIA en la región.

En el reciente episodio de los cuatro agentes de la CIA involucrados en una operación contra laboratorios clandestinos de drogas en un municipio de Chihuahua, su presencia encubierta en el país tuvo que ser del conocimiento del procónsul Ronald J. Johnson, un coronel retirado con 20 años de experiencia en inteligencia, experto en operaciones especiales de seguridad y lucha contra el narco y la migración.

Proveniente de su última escala en El Salvador, es completamente probable que actuaban bajo el conocimiento de Johnson y no solamente del renunciado titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno o del extinto jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones de ese estado, Pedro Román Oceguera Cervantes, quien murió en el accidente carretero donde fallecieron dos los agentes de la CIA.

La pregunta de ahora es: cuántos “amigos” y “colaboradores” tiene la CIA en su red de espionajes en el país entre políticos, periodistas de medios de comunicación, tinterillos de redes sociales, funcionarios de gobiernos, que se prestan a ser parte de la estructura de esa agencia de intervención de los gobiernos estadunidenses.

*Periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

16 de junio de 2026